El candidato presidencial de la disidencia sandinista, Herty Lewites y el candidato vicepresidencial de la alianza libero-conservadora que encabeza Eduardo Montealegre, Fabricio Cajina coincidieron en decir que los altos funcionarios del Gobierno que fueron inscritos como candidatos a diputados para participar en las elecciones nacionales del próximo 5 de noviembre, deberían haber renunciado antes a sus cargos o, en todo caso, hacerlo ahora.

El debate sobre este tema —que ha quedado inconcluso como quedan casi todas las discusiones públicas importantes en Nicaragua— se originó cuando el presidente Enrique Bolaños destituyó a varias personas que desempeñaban altos cargos gubernamentales, porque se sumaron al PLC —que es el partido de Arnoldo Alemán—, para apoyar a sus candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, los doctores José Rizo y José Antonio Alvarado respectivamente.

La explicación que dio un vocero del Poder Ejecutivo a tales destituciones, fue que las personas destituidas al pasarse al PLC ya no podían seguir gozando de la confianza del Presidente de la República. Y parece tener sentido tal explicación, puesto que ese partido se declaró enemigo del Gobierno y ha actuado en asociación con el FSLN, incluso para tratar de derrocar al Presidente, al extremo de que el año pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo que intervenir para asegurar que se respetara el período presidencial de Bolaños.

Por otro lado, las personas destituidas no eran funcionarios de carrera administrativa sino cargos de confianza política y personal del Presidente de la República. Por lo tanto podían ser destituidas en cuanto el presidente Enrique Bolaños por la razón que fuese dejara de confiar en ellas.

Por otro lado, en lo que respecta a que el Presidente de la República también debió destituir a los otros funcionarios del gobierno que fueron inscritos como candidatos a diputados, o renunciar ellos mismos a sus cargos, la verdad es que no había ni hay ninguna razón legal para destituirlos por ese motivo. De manera que el planteamiento de su destitución o renuncia se funda más bien en una cuestión de ética política.

De acuerdo con la Constitución Política de la República (artículo 134, inciso 2), los funcionarios públicos que deben renunciar a sus cargos por lo menos un año antes de la elección para poder ser candidatos a diputados, son los ministros y viceministros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del CSE, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría , el Procurador y el Subprocurador General de Justicia, el Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal adjunto, así como los alcaldes y los ministros de cualquier culto religioso.

Sin embargo, los cinco o seis funcionarios del gobierno Bolaños que ahora son candidatos a diputados por la alianza electoral que encabeza el candidato presidencial Eduardo Montealegre, no tienen rango de Ministro ni de Viceministro y, por lo tanto, no estaban obligados a renunciar a sus cargos.

Es cierto que los cargos que desempeñan esos funcionarios públicos son de mucha influencia política y ellos tienen acceso a recursos o facilidades del Estado, que podrían usar en favor de sus candidaturas. Pero peor es el caso de los 52 diputados que pertenecen a los distintos partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional, los cuales se inscribieron como candidatos para seguir disfrutando sus curules por otros cinco años. Los diputados no están obligados a renunciar a sus cargos para ser candidatos a la reelección y hasta tienen una asignación económica especial, de fondos estatales, para financiar “obras sociales” con fines proselitistas.

No obstante, como hemos dicho antes, este no es un problema de legalidad sino de moralidad política. En este sentido, no cabe duda de que la alianza electoral de Eduardo Montealegre quedó mal parada por las irregularidades que ocurrieron durante la selección final de sus candidatos a diputados, sobre todo de los que fueron colocados en posiciones ganadores. Algunos de esos candidatos —que además son objeto de diversos cuestionamientos públicos— surgieron de repente, a última hora, designados evidentemente por el dedazo de la cúpula de la ALN-PC o de la Presidencia de la República.

De manera que la Alianza ALN-PC ha demostrado en este caso de la escogencia de sus candidatos a diputados, que también en ella prevalecen los mismos vicios de la politiquería tradicional que sus líderes dicen querer erradicar de Nicaragua.