La Ministra de Gobernación, en funciones, Deyanira Argüello, confirmó ayer que ex funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob), que ya fueron despedidos, tramitaron al margen de la ley el pago de obras inconclusas en San Carlos, Río San Juan, los Bomberos y la Cárcel Modelo de Tipitapa, hasta por el orden de los 2.2 millones de córdobas.
Dijo que de manera fraudulenta los ex funcionarios, en coordinación con los contratistas de esas obras, elaboraron actas de recepción final de las obras, sin que las mismas estuvieran concluidas.
“Aquí en el ministerio no permitimos corrupción de nadie”, expresó Argüello al confirmar que al menos ocho personas fueron destituidas de sus cargos por los supuestos actos de corrupción detectados en el Migob.
Sin embargo, Argüello dijo que no se perdió ningún centavo. Que los 2.2 millones de córdobas tramitados para pagarse a favor de Juan José Pérez Brenes, la sociedad Mega Inversiones S.A., (Megasa) y el Grupo Q de Nicaragua, S.A., fueron devueltos al Tesorero General de la República.
Tanto Luis Ventura, ex Director General Técnico y de Inversiones, como Raymond Espinoza, ex Director de Proyectos e Inversiones, que fueron destituidos de sus cargos por participar en supuestos actos de corrupción, dijeron que hubo instrucciones de la Dirección Superior del Ministerio de Gobernación para tramitar el pago de las obras sin que las mismas estuvieran concluidas, con el fin de “reservar” el dinero, en vista que estaba el cierre de presupuesto.
“No voy a entrar en dime que te diré (con ellos)”, expresó Argüello cuando se le consultó sobre la versión de los despedidos que la señalan a ella como la persona que de la Dirección Superior giró las instrucciones verbales para que se tramitara el pago de las inconclusas obras.
Ventura insistió en que hubo un marcado interés por buscar un chivo expiatorio para este caso y fueron ellos, los despedidos.
El ex funcionario también dijo que recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones por la supuesta injusta resolución que lo destituyó y que el Tribunal dio trámite a su recurso y mandó a suspender los efectos administrativos de la resolución del ministro, lo que equivale a que sea reintegrado a su trabajo, pero el ministro Julio Vega no ha cumplido.
William Frech, asesor legal del Migob, expresó que no han recibido ninguna resolución del Tribunal en la que les digan que no se ha cumplido con su resolución.
“Lo que prevaleció en este tipo de decisiones fue la ineptitud del director de auditoría interna quien recomendó a la dirección superior el cierre del proyecto de San Carlos y los retrasos se dieron por la disputa del terreno donde se iba a construir la Dirección de Migración y Extranjería”, dijo por su parte Espinoza.
