El Poder Judicial continuó en Masaya con el proceso de validación y consulta del borrador del anteproyecto de Código de Ética con jueces y magistrados de la circunscripción oriental, donde se señalan las fallas y deficiencias en la administración de justicia.
Nasere Habed López, miembro de la Comisión Técnica del Código de Ética para el Poder Judicial, mencionó que el anteproyecto se ha consultado en las nueve circunscripciones del país.
“Se elaboró basado en los resultados de 13 talleres de consultas donde se hizo diagnóstico sobre las principales debilidades éticas, relacionadas en la imparcialidad de las resoluciones judiciales, influencia de los superiores jerárquicos y el favoritismos”, destacó Habed López.
Manifestó que se hizo una encuesta a 302 funcionarios judiciales, representantes del Ministerio Público, Policía Nacional, Sistema Penitenciario e instituciones de la sociedad civil, quienes determinaron que las fallas antes mencionadas restan objetividad en las resoluciones.
DEBILIDADES
La debilidad más importante que señalan los consultados obedece a la influencia de los superiores jerárquicos que restan independencia en el Poder Judicial.
Determinan que también hay debilidades en el control de los organismos superiores sobre la disciplina y comportamiento administrativos de los órganos inferiores, por eso proponen un control eficaz sobre el cumplimiento disciplinario de los funcionarios inferiores. Así también problemas de asistencia y puntualidad en el cumplimiento de los trámites y asistencia a los tribunales.
PROPUESTAS
El 96 por ciento de los encuestados propone que se establezcan regulaciones que protejan la independencia del Poder Judicial y evaluaciones sobre la conducta moral de los judiciales y desempeño de su cargo.
“Plantean que se formen tribunales de honor que juzguen la conducta moral del funcionario en el desempeño de su cargo. También señalan que los registradores públicos tienen serios problemas de honestidad, sigilo y la imparcialidad en la atención”, declaró Habed.
Los principios éticos judiciales del anteproyecto propuestos se enmarcan en la independencia de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional apegado a la Constitución Política y las leyes; autonomía e independencia externa, imparcialidad, objetividad, entre otros.
Norman Miranda, presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, sostuvo que “un ciudadano podrá denunciar, después que entre en vigencia el Código de Ética, ante una Comisión de Ética Nacional, a los funcionarios judiciales que participen en un acto político”.
Aseguró que está prohibida la participación de jueces y magistrados en actos políticos y amonestarán a los que lo hagan, si llegasen a incurrir por segunda ocasión se les hará un llamado de atención por escrito y por último un señalamiento de desmérito en su hoja profesional; con tres amonestaciones pueden dar lugar hasta una cesación en el cargo.
