Mientras continúa el debate sobre el programa de espionaje interno del presidente George W. Bush, el gobierno presionó al Congreso el miércoles para que relaje antiguas restricciones a fin de ajustarlas a la era de la Internet.

Pero los demócratas en la Comisión Judicial del Senado respondieron que el proyecto de actualización de la ley de 1978 que cubre esa clase de vigilancia —Ley de Supervisión de Espionaje Exterior, FISA por sus siglas en inglés—, es demasiado tendenciosa a favor de Bush, ya que otorgaría a una corte secreta la jurisdicción para determinar si el programa vigente es legal.

Sostienen que actualizar la ley es un asunto secundario ya que la Casa Blanca alega que sus operaciones de espionaje en la guerra contra el terror no están sujetas a ella.

Los avances tecnológicos y el cambio de enemigo de los adversarios de la Guerra Fría a los terroristas significan que la FISA está desactualizada, dijo el director de la CIA, Michael Hayden, a la comisión.

Por empezar, la ley vigente cubre los mensajes telefónicos y de correo electrónico que pasan por Estados Unidos, pero se originan y terminan en otros países.

Como parte de un acuerdo con Bush para someter su programa de escuchas telefónicas sin orden judicial a la supervisión de una corte, el comité, dominado por el oficialismo republicano, estudia la actualización de FISA.

El gobierno espía llamadas y correos electrónicos de estadounidenses cuando existe sospecha de terrorismo.