Según algunos teóricos políticos democráticos, el financiamiento de los partidos que participan en los procesos electorales significa para éste lo que las elecciones representan para la democracia: es decir, es una de sus condiciones fundamentales e indispensables.
El principio básico que justifica el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, con fondos del Estado, es que de esa manera se asegura la igualdad de oportunidades de los contendientes. Al respecto el doctrinario constitucional alemán Karl Lowenstein escribió en su libro Teoría de la Constitución que: “En los Estados totalitarios el partido único domina todo el aparato de propaganda y sólo él puede gozar de todos los medios de comunicación. Pero en el Estado democrático constitucional no se ha vuelto menos crítico el problema de mantener igualdad en el acceso a las técnicas de comunicación… La desigualdad de los partidos y de los candidatos en los medios económicos de que disponen para la campaña electoral y, consiguientemente, la desigualdad en el uso de los medios de comunicación, tiene una importancia decisiva para el resultado de una elección. Sería desde luego una exageración afirmar que el partido mejor dotado financieramente debe ganar con toda seguridad la elección. Sin embargo, desde el principio tiene una ventaja sobre sus rivales menos ricos, que no es fácil superar ni aún con los más brillantes y poderosos contra argumentos”.
Un caso típico del sistema totalitario a que se refiere Loweinstein, es Cuba, donde sólo se permite la existencia de un partido pero cada cierto tiempo se celebran “elecciones” en las que los líderes del Partido Comunista, con Fidel Castro a la cabeza, se “eligen” con casi el ciento por ciento de los votos. En Nicaragua, durante el régimen sandinista (1979-1990) los comandantes del FSLN establecieron un sistema intermedio entre el totalitarismo comunista y la democracia, toleraron la existencia de partidos políticos subordinados que contribuían a la legitimación del proyecto revolucionario, y les financiaron sus campañas electorales.
Ahora en Nicaragua rige en principio el sistema democrático de financiación estatal de los partidos políticos que participan en las campañas electores, pero con grandes vacíos legales y ausencia de mecanismos de control. A los partidos políticos se les compensa una parte de los gastos que hacen en la campaña electoral, de acuerdo con una partida presupuestaria determinada para tal efecto y según la cantidad de votos que obtiene cada partido. Y los partidos que no alcanzan el 4 por ciento de los votos totales, pierden el derecho a la compensación económica estatal.
Pero las campañas electorales son cada vez más ostentosas y costosas, de manera que la asignación del Estado no les alcanza a los partidos y éstos buscan otras fuentes de financiamiento, que en todo caso son sospechosas por el sigilo con que se manejan.
A propósito de esta situación, se está celebrando en Nicaragua una conferencia internacional sobre el financiamiento político. De esta conferencia saldrán sin duda buenas ideas y propuestas pero sólo para ayudar a los ciudadanos a orientarse en el entendimiento de oscuro problema. En realidad, sería mucho pedir que los partidos —FSLN y PLC— que controlan según su conveniencia el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, las aprovecharan para reformar la Ley Electoral en el sentido de regular efectivamente la obtención de fondos privados, y de obligar a la transparencia en el manejo de todos los recursos que ellos gastan en sus campañas para seducir a los ciudadanos y conseguir sus votos.
Para resolver el problema de la financiación política, que es internacional, en otros países se obliga a los partidos a publicar la lista minuciosa de sus bienes, a llevar una sola cuenta bancaria en vez de dos o más, a informar regularmente y en detalle sobre sus movimientos bancarios, etc.
La necesidad de que los financiamientos de las campañas electorales de los partidos y sus movimientos financieros sean del pleno conocimiento público, se desprende del principio democrático de que el sistema electoral debe ser el que controle el dinero que se gasta en las campañas políticas, y no que el dinero controle el sistema electoral, según lo ha expresado Daniel Zovatto, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).
