El Instituto Nicaragüense de Energía (INE), por medio de su presidente David Castillo, hizo una propuesta tanto al mandatario Enrique Bolaños como al Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, sobre el manejo del petróleo venezolano que vendría al país por medio del acuerdo firmado entre la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic) y la empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

La propuesta fue hecha por medio de una carta, a la cual tuvo acceso LA PRENSA, enviada a Bolaños y a Marenco el pasado 24 de julio.

El primer punto de la carta de Castillo recomienda que Albanic (la empresa creada por el acuerdo de Amunic y PDVSA) ejecute la compra de la cuota de petróleo acordada (10 millones de barriles) en la negociación.

Posteriormente, se autorizaría al Gobierno de Nicaragua para que otorgue garantía soberana sobre el 40 por ciento del valor de dicho petróleo bajo un crédito de 20 años plazo, asignando los respaldos necesarios con Venezuela para establecer un fondo rotativo de los pagos requeridos.

Albanic ofertaría el petróleo a terceros en el llamado mercado de ocasión internacional con los descuentos necesarios establecidos en dichas operaciones. Luego, según Castillo, el producto de dicha venta se depositaría en el Banco Central de Nicaragua (BCN), el cual pagaría a lo inmediato el 60 por ciento del valor del petróleo a Venezuela.

El 40 por ciento restante de este pago, el gobierno lo desembolsaría por medio del Presupuesto General de la República para distintas asignaciones monetarias.

30 por ciento de estos fondos (84 millones de dólares), se utilizarían para inversiones en las alcaldías, de forma proporcional utilizando como criterios de distribución asignaciones fijadas para distintos municipios.

50 por ciento (140 millones de dólares) se utilizarían para proyectos de infraestructura. En el primer año de vigencia del acuerdo, 70 millones se utilizarían para financiar un banco de fomento para la producción.

El restante 20 por ciento (56 millones de dólares) se destinaría para financiar subsidios para la tarifa eléctrica y el transporte colectivo.