La Contraloría General de la República (CGR) aún está en espera de que el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, rinda un informe sobre las supuestas anomalías cometidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Las denuncias, por irregularidades en el manejo de fondos y supuestos despidos ilegales, fueron interpuestas el pasado 28 de junio por una decena de trabajadores despedidos de esa institución.

A pesar del tiempo transcurrido, funcionarios de la Oficina de Denuncia Ciudadana de la CGR dijeron que el plazo para que Cabezas Lacayo rinda cuentas se vence el próximo 31 de julio.

De acuerdo a Yasmina Velásquez, quien fungía como recepcionista en la PDDH, y pese a que goza de fuero sindical fue despedida, el Procurador Cabezas argumenta una crisis económica de la PDDH, pero su asistente gana 34 mil córdobas; mientras otro asistente personal gana 14 mil córdobas y su secretaria gana diez mil córdobas.

Los trabajadores despedidos también criticaron que Cabezas tenga a su disposición dos choferes, uno de ellos destinado específicamente para trasladar a familiares del Procurador en León, de acuerdo a los denunciantes.

“Mientras la CGR no diga que aquí hay corrupción, el resto es cuecho”, dijo el Procurador.

Cabe señalar que los trabajadores despedidos no han sido indemnizados ni reintegrados a sus labores, a pesar de que el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó esta acción.