Alex Centeno Roque debería estar preso en el penal de Tipitapa, según las cuentas del Ministerio Público. Pero éste goza de libertad por la bondad de la juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Rosario Gaitán, quien le concedió una petición de “extinción” de pena, cuando apenas había cumplido poco más de seis años, de una condena de nueve por el caso del “cascarillazo”.

Con ese nombre se conoce una millonaria estafa contra un almacén fiscal, al cual los hermanos Centeno Roque entregaban en prenda cascarilla de arroz en vez de café oro o azúcar, a cambio de bonos de garantía.

LA PRENSA intentó hablar con la juez Gaitán sobre el caso, pero la secretaria de ésta dijo que el asunto está en el Tribunal de Apelaciones y que “la doctora no hablaría al respecto”.

Alex Centeno, que había huido del país tras los señalamientos de estar directamente involucrado en la quiebra del Banco Intercontinental (Interbank) con fraudulentas operaciones financieras, fue capturado el primero de julio de 2002, en Choluteca, Honduras, en un operativo conjunto con la policía de ese país. El reo fue presentado por las autoridades policiales en su momento.

Luego, en febrero de 2003 fue condenado por el juez Edgard Altamirano a nueve años de prisión por el caso del “cascarillazo”, una estafa de más de 20 millones de dólares en contra de un almacén fiscal, tras ser encontrado culpable por un jurado de conciencia.

Tomando en cuenta la fecha de captura y la de condena, Centeno apenas estuvo “privado de su libertad” cuatro años, sin tomar en cuenta los múltiples beneficios de que fue objeto mientras estuvo en el penal, que le permitían salir del mismo, bajo argumentos de problemas de salud.

La sociedad comercial Servicios Navieros y Marítimos, Sociedad Anónima (Semar), fue la principal afectada en este caso . El Banco del Café también se declaró como ofendido.

TAM CONFIRMÓ CONDENA

Los abogados de los Centeno Roque apelaron la sentencia que lo condenaba a nueve años, pero el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), confirmó la sentencia de Altamirano, los cuales debían cumplirse de forma continúa, según la sentencia del tribunal.

Tras el fracaso en el TAM, los abogados de Centeno Roque recurrieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), introduciendo un recurso de casación, pero al final desistieron del mismo y optaron por la petición de extinción de la pena ante la juez Gaitán.

A finales del año pasado, el abogado de Centeno Roque, Gustavo Adolfo Sirias, solicitó a la juez Gaitán la extinción de la pena y ésta se la concedió, casi al mismo tiempo que el juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, lo absolvía de otros cuatro casos que se acumularon en ese despacho judicial. Así Centeno obtuvo la libertad definitiva de todos los casos relacionados a la quiebra del Banco Intercontinental (Interbank).

FISCALÍA APELÓ

El caso de la extinción de la pena a favor de Centeno llegó al Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), por impugnación que hiciera el fiscal Roberto Rocha, en representación del Ministerio Público, quien se mostró inconforme con la sentencia que dictó la Juez Gaitán, otorgando la extinción de pena a favor de Centeno.

“Yo introduje la apelación cuando fui notificado de la sentencia de la juez y el caso pasó al Tribunal de Apelaciones. Ahora está en manos de los fiscales que atienden las apelaciones en el Tribunal”, dijo a LA PRENSA, Rocha, al ser consultado sobre el tema.

Sirias, el abogado de Centeno, dice que ya no trabaja para éste y que no sabe de su ex cliente desde hace unos tres o cuatro meses.

ALEX CENTENO SE “HIZO HUMO”

LA PRENSA ha intentado localizar a Alex Centeno, pero éste ya no vive en la antigua casa de Las Colinas, donde, antes de obtener su libertad, era custodiado por miembros del Sistema Penitenciario Nacional.

La fiscal Francis Sevilla, quien está a cargo de las apelaciones en el Ministerio Público, dijo a LA PRENSA que el caso está a la espera de una sentencia de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.

“Él debía haber cumplido nueve años de prisión continuos. Pero a la fecha en que se hizo la solicitud de la extinción de la pena tenía apenas seis años, siete meses, con 16 días de prisión. Esto contabilizándole todos sus beneficios, usted sabe que los privados de libertad nunca cumplen completamente los años a que son sentenciados por los distintos beneficios que otorga la ley”, explicó Sevilla.

“A él todavía le faltaba cumplir dos años y cuatro meses y medio de condena. Esa autoridad mal aplicando la ley, modificó la pena que había sido dictada por el Tribunal de Apelaciones, que estaba en materia de cosa juzgada, porque esa sentencia ya había sido apelada y el tribunal superior confirmó la condena de nueve años, por eso estamos apelando de esa sentencia”, dijo Sevilla, refiriéndose a la juez Gaitán.

“El cómputo no da, aunque le apliquemos todos los abonos y beneficios que la ley da, el cómputo no sale. Además que él casi nunca estuvo en la cárcel, eso es público. Sabemos que la mayor parte del tiempo de la condena ha pasado en su casa. Los jueces han sido benevolentes con él”, agregó la fiscal.

“Esta persona debía cumplir su condena de manera sucesiva, el tribunal ocupó la palabra continua. Él debía cumplir nueve años de prisión”, indicó Sevilla.

ESTAFA MILLONARIA

“El cascarillazo” representó para Semar la pérdida de 20 millones de dólares, a través de una estafa sin precedentes donde casi medio millón de quintales de cascarilla de arroz fueron introducidos como café oro en las bodegas de dicha empresa por parte del grupo de empresas del Consorcio Comercial Agropecuario Conagra, de los hermanos Centeno Roque, donde también se declararon víctimas Bancafé y el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser).

Semar, principal afectada en este caso, puso en conocimiento del entonces juez Séptimo de Distrito del Crimen, Sabino Hernández, los supuestos “procedimientos anómalos” del grupo de empresas del Consorcio Comercial Agropecuario Conagra o Consagro, de los hermanos Centeno, a quienes posteriormente les llovieron acusaciones, entre ellas asociación para delinquir, defraudación y estafa.

Los hechos denunciados por el abogado Víctor Manuel Ordóñez ante los tribunales, habrían iniciado la mañana del cinco de mayo de 2000, cuando autoridades del Ingenio Benjamín Zeledón, en Rivas, también del grupo Centeno, se presentaron a la bodega de ese centro productivo, rompieron el candado, quitaron los rótulos y empezaron a sacar azúcar, aduciendo que estaba fuera de prenda.

Para entonces se sospechaba que la administración de Semar no cumplía con los procedimientos de recepción, almacenamiento y control de mercadería que se suponía café oro, pero que al final resultó ser cascarilla de arroz y café.

Así que al revisar las operaciones se encontraron con que en la bodega Amtex, donde se recibieron sacos de empresas relacionadas a Conagra y que supuestamente contenían azúcar, lo que había eran sacos de nylon de 150 libras que contenían esas cascarillas.