Con este mismo título publicamos en nuestra edición del sábado 8 de julio corriente, un editorial para denunciar que el Canal 8 estaba transmitiendo un anuncio político en el que se usaba de manera ilegal la marca del Diario LA PRENSA S.A., y se manipulaba su pensamiento editorial expresado en la edición del lunes 3 de julio corriente, en el que analizamos las causas de las altas y bajas de algunos candidatos en las encuestas; editorial que se usó en el anuncio de televisión presentándolo como si fuese un campo pagado de LA PRENSA, para atacar al candidato presidencial Eduardo Montealegre.
Señalamos en esa ocasión que el uso ilegal de la marca de LA PRENSA y la manipulación del mencionado artículo editorial, nos causaba graves e irreparables daños morales, intelectuales y patrimoniales. También informamos en nuestro editorial del sábado 8 de julio, que de manera amistosa LA PRENSA le había advertido al dueño del canal de televisión que se abstuviera de seguir divulgando el mencionado anuncio porque estaba violando la ley; y aclaramos que se le pidió que suspendiera la emisión del anuncio “pero se negó a aceptar nuestra petición, argumentando que para él es más importante el beneficio económico que recibe por transmitirlo”.
El dueño del canal de televisión nos mencionó a un propagandista del PLC como el supuesto responsable de la contratación del anuncio. Sin embargo, cuando llamamos al activista en cuestión éste nos dijo que quien pautó el anuncio fue un directivo de la facción del Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) que está asociada al PLC. De manera que ante esta irresponsable confusión que puso en evidencia la mala intención con que fue hecho y divulgado el spot televisivo, nos comunicamos con el candidato presidencial del PLC, doctor José Rizo Castellón, a quien le hicimos ver la falta de ética y la comisión de delito que se estaba cometiendo con esa publicidad política y le solicitamos que ordenara poner fin a su divulgación.
Fue después de esas gestiones y ante la falta de respuesta efectiva a nuestro justo reclamo, que en el editorial del sábado 8 de julio dimos a conocer nuestra decisión de proceder judicialmente e ir hasta las últimas consecuencias en la defensa del patrimonio intelectual y moral de LA PRENSA. Después de eso, aunque siguieron transmitiendo el anuncio televisivo le pusieron la advertencia previa de que se trataba de un campo pagado por el PLC, pero sin modificar el contenido ni la forma del spot en el que se siguió usando la marca de LA PRENSA y dando la apariencia de que se trataba de un campo pagado por este medio de comunicación.
Cabe señalar al respecto que para LA PRENSA el problema no es que se cite o se copie un texto de sus publicaciones, incluyendo su comentario editorial. En todo caso, este es un problema del medio de comunicación que careciendo de pensamiento intelectual propio tiene que piratear el ajeno, o de quien por no tener credibilidad manipula lo que se publica en LA PRENSA para aprovecharse de su autoridad y su prestigio moral y profesional.
Lo que no podemos permitir es que se use indebidamente la marca de LA PRENSA y que se manipule el contenido de nuestras publicaciones, con fines comerciales o políticos. En este sentido, nos preocupa que el abuso del que hemos sido víctimas quede como un precedente para que en lo sucesivo cualquier persona inescrupulosa y sin prestigio use las marcas registradas y las publicaciones de LA PRENSA o de cualquier otro medio de comunicación social, para obtener fácilmente el beneficio de unos cuantos dólares y para atacar, en nombre de otras personas instituciones, a sus adversarios comerciales o políticos.
Finalmente, debemos consignar que ayer, durante una visita amistosa de cortesía que hizo a LA PRENSA el candidato presidencial del PLC, doctor José Rizo —junto con su compañero de fórmula, el doctor José Antonio Alvarado—, nos informó que por sus órdenes expresas el anuncio había sido retirado y nos dio explicaciones que dejaron en claro que él no tuvo nada que ver con su elaboración y divulgación. De manera que damos por cerrado este penoso incidente con la esperanza de que no se repita y que por fin se comience a respetar el derecho de propiedad, incluyendo el de marca e intelectual.
