A igual que todos los años el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal rinde tributo a la libertad de expresión y enaltece el trabajo diario de las mujeres y los hombres de prensa. Su cuarta entrega, en medio de una campaña electoral, nos invita a observar con atención dos actores igualmente importantes: los medios de comunicación en su aporte al proceso electoral y el compromiso de los candidatos con la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En cuanto a los medios es oportuno valorar el poder de la prensa nacional en su capacidad de hacer pedagogía electoral con plena independencia. Es importante medir la calidad del debate que promueven y la cantidad de información que sirven para que la ciudadanía pueda votar informada y consciente. Por otra parte, el grado de vigilancia que mantengan sobre las instituciones electorales y la transparencia del proceso electoral es otro indicador para calificar sus compromisos con la democracia.
Las elecciones despiertan expectativas en un periodismo centrado en las preocupaciones de la gente, más que en la propaganda de los candidatos y sus peleas por hacernos caer en la trampa de la polarización política. La campaña electoral es una oportunidad para reforzar la dignidad profesional de los periodistas en la medida que dan pluralidad y equidad a la voz de los electores sobre los asuntos que le interesan a la población, más que a los candidatos.
Esperamos que el periodismo tenga la madurez de no caer en una cobertura política basada sólo en los “temas de campaña” que impone el mercadeo político de los partidos, sino que promuevan los “temas reales” de la institucionalidad democrática y del desarrollo, con la visión de una prensa consciente de su responsabilidad en la construcción de una nueva cultura política.
Nos complace informar que en apoyo a este desafío mediático la Fundación Chamorro, en alianza con directores de medios escritos y televisivos y el Trust of the Americas OEA, hemos acordado un monitoreo a la cobertura electoral de los medios de comunicación, quienes han aceptado debatir sus resultados con los jefes de campaña. De esta manera, la prensa nacional promete un salto de calidad al rendir cuentas de su comportamiento “ético” en el ejercicio del periodismo político.
El otro plano que el Premio Pedro Joaquín Chamorro invita a observar en estas elecciones es el compromiso programático de los candidatos con la Consolidación de la Libertad de Expresión y el Derecho Ciudadano a la Información, temas de la libertad de prensa que, hasta hoy, no aparecen como capítulos importantes en ninguno de los cuatro programas de gobierno distribuidos.
Seguramente los candidatos desconocen las debilidades de la legislación nicaragüense en cuanto a Libertad de expresión se refiere. En la Fundación Violeta Chamorro creemos que deberían expresamente comprometerse con la implementación de una Ley de Acceso a Información Pública, el restablecimiento del art. 68 en la Constitución Política, la eliminación del “desacato” en el Código Penal y una ley que proteja el secreto profesional de los periodistas.
Asegurar recursos y apoyo al acceso de información en manos de las instituciones confirma: primero, voluntad presidencial de consolidar una democracia participativa y representativa; segundo, disposición a combatir la corrupción y la cultura del secretismo; tercero, una mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública.
Quien se considere futuro Presidente debería asegurarle a los medios de comunicación su compromiso con el artículo 68 de la Constitución, que protege la independencia mediática de leyes y reglamentos, cuya aplicación puede servir para reprimir económicamente las empresas informativas como la llamada Ley Arce.
Un nuevo gobierno debe cortar con la herencia colonial contemplada en el dictamen del Código Penal con delitos como el desacato, que impone penas de prisión de seis meses a cuatro años a aquellos que ofendan el honor y la dignidad de funcionarios públicos. Vacíos legales como éstos se utilizan para reprimir información sobre corrupción y malos manejos, cuya revelación es precisamente obligación de la prensa.
Para la consolidación de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada es imperativo que la legislación nicaragüense contemple, en una ley especial, lo relativo al secreto profesional de los periodistas entendido no sólo como la no revelación de fuentes de información, sino que también proteja el contenido de las informaciones recibidas.
Desde ahora los candidatos deberían de comprometerse a establecer sanciones a la autoridad que no brinde información pública y que someta al periodista a cualquier clase de hostigamiento con el fin de revelar sus fuentes. Es esta una agenda mínima en defensa de la libertad de expresión. Y en honor a esta aspiración nacional, en este concurso en el que participaron 33 periodistas con 53 trabajos, entregamos por cuarta vez el Premio Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
