Sobre el tema, abordado por el profesor Rafael Lucio Gil en otro periódico, se expone como idea introductoria la importancia relevante que, en estos meses (preeleccionarios), se utiliza a la ciudadanía para exponer visiones y expectativas sobre los cambios en la educación.

Puntualiza el profesor Lucio Gil lo concertado en la Ley General de Educación, respecto a la participación de las organizaciones magisteriales y la sociedad civil, para analizar y decidir sobre la política educativa nacional; pero remarca que hay que revisar los requisitos que deben cumplirse para que sea una participación auténtica y pueda tener impacto en la toma de decisiones, ya que muchos procesos son frustrados al limitar los cambios propuestos para el desarrollo educativo general.

Concluye el profesor Lucio Gil su análisis con una interrogante sobre nuestras aspiraciones o ubicación actual en una escala topológica de participación así:

1-Manipulación y autoritarismo de los entes políticos para sus propios intereses.

2.- Brindar información sobre: políticas, derechos y opciones.

3.-De consulta a la ciudadanía sobre temáticas o propuestas educativas.

4.-Proceso participativo de construcción colectiva.

5.- Participación ciudadana en las decisiones, seguimiento y control social de sus resultados.

Partiendo de las premisas del profesor Lucio Gil, pasando por su análisis y respondiendo a sus interrogantes, yo afirmaría que aunque ya hemos andado y desandado las cuatro etapas, irremisiblemente continuamos en la primera.

Durante mis cuarenta años de vida magisterial, al igual que muchos maestros, he visto, participado y aportado ideas para la elaboración de un Plan Nacional de Educación y de la Ley General de Educación.

Estos dos instrumentos, que han sido el resultado de procesos participativos de construcción colectiva, evidencian los esfuerzos de participación de la sociedad civil en el proceso educativo.

Desgraciadamente nuestro sistema educativo está supeditado a los vaivenes de las políticas partidistas que están en manos de personas no calificadas que limitan los avances en el proceso educativo, provocando los reflujos topológicos, en cada nuevo gobierno, lo que caracteriza nuestra peculiar situación.

Esperemos que algún articulado de la nueva Ley General de Educación, logre sacarnos de este “limbo” y obligue a los politiqueros a respetar los avances logrados y cumplir con las exigencias de carácter estructural, presupuestario y logístico que es necesario para que podamos avanzar evolutivamente hacia el desarrollo sostenido de una educación para la construcción de un sistema educativo transformador, coherente, articulado e integral que los nicaragüenses necesitamos para vivir en una sociedad más justa.