La salud pública es la salud de la comunidad. El cuidado de la salud individual es vital en algunos momentos de nuestras vidas, pero la salud pública es vital para todos de por vida. La salud pública trata de entender las causas y consecuencias de las enfermedades, la incapacidad y la muerte. Esto implica un esfuerzo continuo, estrategias e implementación de programas. Los problemas aparecen cuando los legisladores tratan de entender los principios científicos y llevarlos a la práctica. Es aquí donde, para bien o para mal, los políticos toman las decisiones que afectan a los ciudadanos de la comunidad que representan.
El público busca al Gobierno para que resuelva sus necesidades. La salud pública, además de ser un asunto social y económico, entre otros, es también político, porque involucra acciones gubernamentales. Vale la pena recordar la tragedia de Nueva Orleáns cuando el huracán Katrina, en agosto de 2005, o el huracán Mitch, que azotó Nicaragua, en octubre de 1998 y las decisiones políticas que se tomaron.
La efectividad de las estrategias en salud pública se obtiene por las acciones comunitarias, la voluntad y las libertades individuales. En los países que gozan de un desarrollo económico, los ciudadanos se preocupan menos por lo que el sistema hace por los servicios personales, porque han alcanzado un nivel económico estable, pero se preocupan más por estar al tanto de como el Gobierno puede controlarlos, pasando por encima de sus libertades civiles. El panorama es bastante opuesto en los países menos desarrollados. Sin embargo, algunas intervenciones en materia de salud pública son inevitables, tales como el prohibir fumar en los restaurantes y sitios cerrados por la relación directa con el cáncer de los pulmones; igualmente declarar cuarentenas, evacuar una población en casos de desastres naturales, vacunaciones masivas, sistema de cuidado para personas de la tercera edad, educación sexual y acceso a los métodos contraceptivos para mencionar algunos. Estos controles necesitan decisiones políticas para definir las prioridades y procurar los fondos para el financiamiento.
Los problemas de un país en materia de salud pública son innumerables y el costo para resolverlos es extraordinario, pero el precio para prevenirlos con decisiones políticas inteligentes, es relativamente bajo y de economía sostenible; así vemos como la obesidad sube la presión arterial y conduce a la diabetes tipo II y sus consecuencias, aumentan considerablemente los gastos de salud, no solamente en lo que el sistema de seguridad social financia, sino que el enorme costo para el ciudadano que no goza de dichos beneficios, siendo la prevención posible y de bajo costo, con campañas educativas, que requieren decisiones políticas.
Sabemos que un porcentaje elevado de nicaragüenses no goza de los beneficios de la seguridad social. Caso similar fue lo que motivó al presidente Clinton a tratar de crear un sistema nacional de salud en los EE.UU. en 1980 sin éxito; actualmente el problema se ha agravado y ahora le podemos agregar los 12 millones de indocumentados que recientemente salieron a la luz. Una buena medida sería recomendar adquirir seguro de salud de manera obligatoria, a como se obtiene un seguro de automóviles, pero, tomando en cuenta, los ingresos individuales.
Los profesionales de la salud pública hacen las recomendaciones y los políticos toman las decisiones. En la práctica, la legislación en salud pública no es solamente una acción de los poderes del Estado, sino que involucra a los individuos y a las instituciones públicas y privadas. La autoridad moral de los que constituyen el Poder Legislativo adquiere un gran valor cuando los delegados son directamente electos por los ciudadanos que representan y a quienes tienen que rendirles cuentas. Esto les da mayor libertad para seguir los dictados de sus conciencias, en vez de seguir las órdenes, intereses, instrucciones o agendas de los grupos de poder que puedan controlarlos.
