Esta semana fueron noticia internacional dos fuertes ataques gubernamentales contra la libertad de prensa, uno de un gobierno de derecha y el otro de un gobernante de izquierda.

En Estados Unidos, el gobierno del presidente Bush arremetió contra el periódico The New York Times porque informó sobre un programa gubernamental secreto de espionaje bancario internacional para controlar los movimientos financieros del terrorismo.

El gobierno del presidente Bush acusó a The New York Times de haber hecho un gran servicio a los terroristas y, por lo tanto, un enorme daño a su propio país, de hecho un acto de traición a la patria, por lo cual el caso fue llevado hasta el Congreso de Estados Unidos.

Por otro lado, en Uruguay el presidente izquierdista Tabaré Vázquez se lanzó contra los medios de comunicación de su país, porque según él “actúan como oposición política”, “disfrazan la opinión como información” y “sistemáticamente sólo informan y opinan sobre cosas que hace mal el gobierno”.

Como era de esperarse, los medios de comunicación uruguayo, así como líderes políticos democráticos —incluyendo al ex presidente Julio María Sanguinetti, quien ahora practica el periodismo de opinión— replicaron enérgicamente al presidente Tabaré Vázquez, porque según el diputado José Amorín Battle “arremetió con fuerza contra un pilar básico de la democracia: la libertad de expresión”.

En realidad, estos ataques contra la libertad de prensa que ocurren al mismo tiempo tanto en una nación democrática gobernada por un presidente de derecha —Estados Unidos de Norteamérica—, como en otro país también democrático pero gobernado por un presidente de izquierda —como es el caso del Uruguay—, confirman una vez más que las contradicciones entre el poder político y la prensa son inevitables, aunque el primero sea democrático y cuando esta última es libre e independiente. Pero también demuestran la enorme diferencia que hay en la forma civilizada como se plantean y se resuelven las contradicciones entre el poder político y la prensa libre en los países democráticos, y la brutalidad con que lo hacen los regímenes autoritarios y totalitarios.

En efecto, un gobierno democrático —de derecha o de izquierda— resuelve sus contradicciones y conflictos con la prensa libre mediante el debate público y en última instancia recurriendo a las instituciones y haciendo uso de la ley. Mientras que el régimen autoritario o totalitario —de izquierda o de derecha—, no permite medios de comunicación independientes, o los censura con mano militar, o los clausura mediante la suspensión de las licencias de funcionamiento (caso de Venezuela), o condena a los periodistas independientes a largas penas de prisión, como ocurre en Cuba comunista.

Los dictadores autoritarios y totalitarios no toleran en absoluto a una prensa libre y aún a los políticos democráticos les cuesta comprender, que la libertad de información es un necesario mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al poder, al que aquellos deben resignarse para que la democracia funcione con transparencia y eficacia.

Teóricamente hace mucho tiempo que quedó resuelta la discusión de que si el poder en general y el sistema democrático de gobierno en particular, funcionan mejor manteniendo informaciones reservadas o con plena transparencia de los actos y asuntos gubernamentales. La experiencia ha demostrado de manera irrefutable que la democracia requiere de plena libertad de información y la existencia de una prensa libre. Pero siempre hay y seguramente habrá políticos que al subir al poder —y algunos desde la oposición— se resistan a aceptar esa realidad.

Ahora bien, respecto al caso de The New York Times se plantea el interrogante de si la prensa independiente para no ser acusada de antipatriótica debe abstenerse de informar sobre planes estratégicos de gobierno, aunque éstos atenten contra las libertades de los ciudadanos. Al respecto el periódico neoyorquino denunció editorialmente, el miércoles de esta semana, que la Administración Bush ha usado la necesidad de aumentar la vigilancia contra el terrorismo “como argumento a favor de un Poder Ejecutivo extraordinariamente poderoso, eximido de los controles y contrapoderes habituales de nuestro sistema de gobierno”. Y concluyó advirtiendo que “el combate contra el terrorismo debe incluir un compromiso con el respeto a las libertades individuales”.

Lo cual a nuestro juicio es justo y correcto, como lo hemos dicho en otras ocasiones en esta columna editorial.