Nada Personal
El plan McCain
Douglas Carcache
Una de las respuestas que quizás esperaban los gobiernos latinoamericanos, del gobierno de Estados Unidos, para aliviar las presiones contra los inmigrantes surgió de un senador republicano con el apoyo de un demócrata: Denle permisos de trabajo por seis años a los indocumentados y que opten después a la residencia estadounidense.
Es la propuesta del republicano John McCain, representante de Arizona en el Congreso, presentada la semana pasada en Miami, el mismo día en que el gobierno de George W. Bush anunciaba la renovación por un año del estatus de protección temporal (TPS) para inmigrantes centroamericanos que favorece a más de cuatro mil nicaragüenses.
Aunque la noticia de la extensión del TPS alegró a miles de nicaragüenses, hondureños y salvadoreños en Estados Unidos, porque necesitan trabajar allí, la idea de McCain ha de ser motivo de esperanza para 11 millones de indocumentados que, según cálculos extraoficiales, viven en territorio estadounidense.
Los argumentos de McCain, apoyados por el senador demócrata Edward Kennedy, son firmes: “Más del 90 por ciento de los inmigrantes ilegales tienen trabajo, muchos pagan sus impuestos y la realidad es que el Gobierno no ha sabido identificarlos”.
Otro de los que apoya el proyecto McCain, el congresista republicano por Florida, Lincoln Díaz-Balart afirma que “hay miles de personas que contribuyen a este país (EE.UU.) desde la ilegalidad, en trabajos que aquí nadie quiere hacer y tenemos que admitir que un desalojo masivo tendría consecuencias devastadoras para muchas industrias en este país”.
El TPS fue concedido por las autoridades de Washington después del huracán Mitch, que en octubre de 1998 arrasó con parte de Honduras y Nicaragua, como una forma de ayudar a familias afectadas por el desastre natural. Luego, salvadoreños indocumentados en Estados Unidos fueron protegidos de la misma forma tras el terremoto que sacudió San Salvador a principios del 2001.
Un problema para los inmigrantes amparados en el TPS ha sido la tensión que afrontan cada 12 ó 18 meses, porque este tiene que ser renovado y en cada ocasión depende de las circunstancias políticas, tanto en Estados Unidos como en el país de origen de las personas favorecidas.
“Algunos países pagan un costo para que Estados Unidos les extienda el TPS, como enviar tropas a Irak”, me dijo Julio Buendía, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas, en El Salvador, en alusión a lo que ha sucedido en su país.
Al comenzar este año, la intranquilidad por el TPS fue mayor debido a los proyectos de leyes antimigratorias que llegaron al congreso estadounidense a finales del 2005 y a las presiones de algunas instancias gubernamentales por acabar con ese resguardo.
El TPS ya fue extendido, pero quedó la duda entre la comunidad inmigrante centroamericana de si esta será la última prórroga, ya que las autoridades de Washington concedieron 12 meses más, en vez de los 18 que esperaban los beneficiarios, lo que ha sido interpretado como un aviso de que esta concesión podría desaparecer a mediados del 2007.
Sin embargo, si el plan migratorio del senador McCain agarra fuerza en el Congreso, el TPS perdería sentido porque después de un tiempo trabajando con un estatus temporal, los inmigrantes conseguirían la residencia en Estados Unidos.
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