Estado, privatizaciones y mercado
Luis A. Rivas
Uno de los principales elementos de política en los procesos recientes de reformas económicas ha sido la privatización de empresas estatales, especialmente en sectores donde la inversión y la reducción de costos son particularmente necesarias. Desde la privatización de empresas públicas en Inglaterra bajo Thatcher, hasta las del Este de Europa durante la transición de planificación central a economías de mercado, éstas han sido parte integral de los procesos de transformación económica de muchos países. En general, los economistas evalúan las privatizaciones favorablemente, pues en comparación con empresas similares que permanecen en manos del Estado, la rentabilidad aumenta y la productividad de los trabajadores mejora. No obstante, cada vez más se observa que grupos opuestos a la globalización incluyen entre sus principales críticas el tema, argumentando que los valores nacionales deberían tener prioridad sobre los cálculos de rentabilidad del capitalismo global, y que en los sectores privatizados los aumentos en eficiencia y productividad se han logrado sólo a través de incrementos en los precios y despidos.
Tales argumentos han detonado protestas en varios países iberoamericanos: demostraciones en Arequipa tras el anuncio de la privatización de plantas generadoras de energía, la “guerra por el agua” en Cochabamba, manifestaciones en Ecuador y Paraguay y la suspensión de los procesos de privatización de los servicios de agua en Lima, Río de Janeiro y Nicaragua. ¿Por qué existe tanta discrepancia entre la evidencia empírica y la opinión pública? Es posible que existan diferencias en los criterios de evaluación o que los aumentos en rentabilidad y eficiencia se obtengan a costa de los consumidores y trabajadores. Estas posibilidades demandan una evaluación de bienestar más profunda, que incorpore el efecto de la privatización en la desigualdad y la pobreza.
Este ha sido el propósito de la publicación del Center for Global Development, en Washington D.C. (http://www.cgdev.org/content/publications/detail/4520), que evalúa el impacto distributivo de la privatización en varios países, incluyendo Nicaragua. Lo interesante es que los investigadores involucrados partimos de la premisa de que las privatizaciones pudieron haber afectado adversamente a los consumidores y trabajadores, y aplicando una metodología común, tratamos de aceptar o rechazar esta hipótesis. La investigación evalúa tres cosas: 1) el efecto de cambios en los precios y el acceso a servicios privatizados (electricidad, telecomunicaciones y agua) pudieron haber tenido en el bienestar de los hogares; 2) el impacto en el empleo, los salarios y la distribución del ingreso; y 3) el impacto fiscal, evaluando las implicaciones para el déficit, la deuda pública, y el gasto social.
Dada la diversidad de los países, algunos resultados difieren entre sí, pero el marco analítico común permite derivar ciertas conclusiones generales: Consumidores: el incremento en las tarifas asociado a las privatizaciones de empresas de utilidad pública parece haber incidido negativamente en la desigualdad. Sin embargo, este fenómeno estuvo acompañado por un aumento significativo en el acceso a esos servicios, efecto que frecuentemente pasa desapercibido pero que ha favorecido a los más pobres, además la calidad del servicio mejoró, pudiéndose inferir un impacto neto positivo para los consumidores. Trabajadores: en el corto plazo el impacto es negativo, ya que las contracciones en el empleo en los sectores privatizados fueron más altas con relación al resto de la economía. Sin embargo, en el caso de los países con suficientes datos estadísticos, la evidencia indica que en el mediano plazo los trabajadores despedidos fueron subsecuentemente reempleados en otras actividades. III. Impacto fiscal: las privatizaciones parecen haber tenido consecuencias distributivas favorables, coadyuvando a la estabilización macroeconómica y permitiendo una recomposición del gasto público hacia los sectores sociales.
Opuesto a la noción popular, las privatizaciones no parecen haber tenido un impacto distributivo adverso. Las únicas señales de un efecto negativo están relacionadas a pequeños grupos de trabajadores despedidos. Pero aún en este caso, el efecto adverso es temporal, debido a que la probabilidad de reempleo en otros sectores es relativamente alta. Las recomendaciones de política para privatizaciones futuras son: I. Las instituciones reguladoras deben asegurar precios estables. Esto requiere que las empresas privatizadas operen bajo presiones de competencia, sean inducidas a invertir y mantener costos bajos, y se requiera de ellas expansiones en el acceso y mejoras en la calidad de los servicios. II. Se deben implementar medidas compensatorias para aminorar el impacto en los trabajadores despedidos, asignando parte de los ingresos para beneficios temporales a los desempleados, como reentrenamiento y asistencia en la búsqueda de nuevos trabajos. III. Utilizar los ingresos de una forma transparente y específica en cómo reducir la deuda pública y la pobreza.
Es asombroso notar el contraste entre la evidencia científica y las percepciones populares. Es posible que las populares se enfoquen en los costos tangibles que resultan de las privatizaciones en el corto plazo, mientras que los beneficios, por estar esparcidos en el tiempo, obtengan una menor atención. También es posible que los beneficios moderados que obtienen un gran número de consumidores, sean opacados por las dramáticas pérdidas de unos cuantos trabajadores. En cualquier caso, la controversia refleja las tensiones entre la evaluación estadística de las secuelas económicas y la forma en que las percepciones equívocas emergen de los debates de las políticas públicas.
El autor es gerente general de Banpro. Tiene un Ph.D. en Economía de la Universidad de Cornell
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