Frases de valor
Impuesto confiscatorio
Uno de los líderes parlamentarios izquierdistas, de los que están promoviendo un impuesto extraordinario del tres por ciento a las ganancias de las empresas petroleras, a fin de recaudar el dinero que exigen como subsidio los buseros de Managua, dijo que tal impuesto no se puede calificar como confiscatorio porque será establecido mediante ley de la Asamblea Nacional y promulgada por el Presidente de la República.
Sin duda que el líder parlamentario se estaba burlando de la ciudadanía, pues cualquier persona medianamente ilustrada y sobre todo alguien que pertenece al Poder Legislativo, tiene que saber que la confiscación no se ejecuta sólo de manera directa e ilegal —como suele ocurrir en situaciones de guerra, golpes de Estado, revoluciones, etc.—, sino también mediante disposiciones formalmente legales, dictadas por legisladores socialistas, populistas e ignorantes.
En realidad, como advierte el autorizado tratadista jurídico Guillermo Cabanellas, la confiscación es “un robo” decretado por el Poder público con impunidad establecida por él mismo. O sea que lo esencial del acto confiscatorio es el robo de la propiedad ajena independientemente de la forma —legal o ilegal— mediante la cual se efectúe la decisión confiscatoria. Un impuesto es confiscatorio no por su forma —ilegal o de facto—, sino por el propósito que persigue y por el efecto que produce, que no es otro que el de quebrantar la propiedad privada afectada por la medida de confiscación, ya sea bruscamente o poco a poco, hasta hacerla desaparecer o transferirla a otras manos, estatales o particulares.
Tienen razón, pues, los representantes de las compañías petroleras y los líderes de la empresa privada nicaragüense, que califican de confiscatorio al pretendido impuesto extraordinario con el que los políticos izquierdistas y populistas pretenden agredir fuertemente a las compañías petroleras de Nicaragua.
Para quienes no lo saben o lo han olvidado, es pertinente recordar que los impuestos confiscatorios constituyen un arma que siempre ha estado en el arsenal estratégico de los comunistas y otros revolucionarios que por definición son enemigos de la propiedad privada y la libertad económica. Así lo determinaron los mismos comunistas desde la época cuando nació el “comunismo científico”, o sea la doctrina dictada por los alemanes Carlos Marx y Federico Engels y desarrollada posteriormente el ruso Vladimir Ilich Lenin.
Antes de que Marx y Engels redactaran, a fines de 1847, el Manifiesto Comunista, que es el programa mundial de la revolución comunista y de la acción política de los comunistas y sus compañeros de viaje, ellos discutieron intensamente acerca de cual debía ser el camino más efectivo para abolir la propiedad privada: la confiscación directa o el impuesto confiscatorio, gradual pero igualmente inexorable.
En la obra Principios de comunismo (Profesión de fe comunista), redactada por Federico Engels también en noviembre de 1847, pero publicada hasta en 1913, Federico Engels propuso (artículo 1) la “restricción de la propiedad privada mediante impuestos progresivos, fuertes impuestos sobre herencias, supresión de los derechos hereditarios en la línea colateral (hermanos, sobrinos, etc.), empréstitos forzosos, etc.”. Finalmente, los fundadores del movimiento comunista internacional decidieron que lo más conveniente para los fines comunistas sería combinar la confiscación directa y drástica de la propiedad privada, con su debilitamiento paulatino hasta liquidarla por medio de los impuestos confiscatorios.
Esas dos formas de confiscación se sigue usando hasta en la actualidad, a pesar de los desastres económicos y los estruendosos fracasos sociales y humanos que el comunismo ha cosechado en todas partes donde logró imponerse. En Cuba la abolición de la propiedad y la empresa privada se hizo por medio del procedimiento brutal de la confiscación directa, como se aplicó también en Nicaragua durante el régimen sandinista de los años ochenta del siglo pasado y se está comenzando a aplicar ahora en Venezuela, donde Hugo Chávez pretende construir el llamado comunismo del siglo XXI. En tanto que el segundo camino, que lleva al quebrantamiento y la eliminación gradual de la empresa privada, o sea el impuesto confiscatorio, lo quieren imponer ahora en Nicaragua quienes quieren robarle sus ganancias y su futuro a las empresas que son eficientes y rentables, para dárselas a los ineficientes e irresponsables.
De manera que este impuesto confiscatorio debe ser rechazado en la Asamblea Nacional, por todos los diputados que fueron elegidos porque se presentaron ante la sociedad como partidarios y defensores de la libertad, la cual incluye de manera indeclinable a la libertad de empresa.
|
