Injusticia e intransigencia de transportistas
La actuación de los dueños de buses urbanos de Managua ha sido consistente a través de los últimos años. Sus reclamos y sus actitudes han sido las mismas. Ellos pelean para que su gremio sea privilegiado económicamente por encima de otros sectores. ¿Por qué? ¿Piensan que la crisis económica sólo les afecta a ellos? En realidad los dueños de buses son empresarios que tienen ingresos muy superiores a la gran mayoría de empleados y trabajadores de Nicaragua. El mismo líder de los transportistas, Rafael Quinto, dijo, para justificar su exigencia de nuevos subsidios estatales, que el año pasado ellos pusieron de sus propios recursos 60 millones de córdobas para mantener las tarifas. O sea que tienen sumas millonarias de respaldo. Pero desean seguir percibiendo altas ganancias y darse la gran vida, así como financiar a su partido político que como todo el mundo sabe es el FSLN, mientras la gran mayoría del pueblo nicaragüense sufre grandes dificultades.
La actitud de los transportistas es egoísta e intransigente porque no se detienen ante nada ni ante nadie con tal de lograr sus objetivos. Es posible que el transporte cueste más de lo que la población paga actualmente pero eso no significa que los dueños de buses no tengan ganancias. De otra forma, hace ya mucho que habrían parqueado sus maltrechas unidades. El negocio es en realidad redondo. Es como pescar en un barril porque la demanda es mayor que la oferta. Es decir que no hay suficientes unidades de buses para transportar a la población urbana sino que las personas viajan como sardinas enlatadas. Irónicamente, esto es bueno para los transportistas porque cada bus carga mucho más de lo que debería lo cual se traduce en jugosas ganancias.
A lo largo de los últimos seis o siete años en los archivos de LA PRENSA se puede comprobar la persistencia de este problema de los transportistas. Allí se reporta la violencia, destrucción de la propiedad privada, detenciones hechas por la Policía Nacional, quemas de unidades de rutas que no apoyaban los paros, declaraciones de funcionarios sobre la creación de un fondo para renovar las unidades, otorgamiento de letras de cambio hasta por seis millones de córdobas de parte del gobierno de turno, hasta la arreciada violencia del año pasado que culminó con enfrentamientos entre buseros y estudiantes universitarios.
Los transportistas se envalentonan porque todavía nadie trata este problema sempiterno con la suficiente mano firme. Ellos saben la urgencia con que la población trabajadora necesita el transporte público y también calculan las grandes pérdidas que sufren los comerciantes y empresarios, debido a que sus trabajadores no pueden llegar a trabajar. En otras palabras, lo que le da fuerza a sus exigencias es la necesidad del pueblo, así como la prudencia del Gobierno que no cae en la trampa de reprimir las protestas callejeras. Pero aunque estemos en un año electoral, es imperioso tratar este asunto con firmeza. Ante la intransigencia hay que aplicar la ley. Ante la desobediencia a la ley se debería usar la fuerza del Estado. Ante esa actitud de imprescindibles que los transportistas han tratado de proyectar a la población hay que ofrecer rutas a inversionistas nacionales y extranjeros para que usen bien el dinero que produce este lucrativo negocio. El Gobierno probablemente tenga que financiar de todas formas en algún porcentaje el costo del transporte público pero el monto será menor y los resultados se podrán ver cuando los ciudadanos gocen de un servicio que ofrece calidad, seguridad y buen trato.
Desde luego que no hay que perder de vista el hecho de que muchos transportistas son instrumentos de desestabilización en manos del FSLN; y que sus reclamos están fríamente calculados y armonizados con los dirigentes sandinistas de otros sectores sociales. Gran parte de nuestro problema como nación es precisamente que muchos ciudadanos no piensan en función de nación sino de partido. En todo caso, no parece sano ni justo que los ciudadanos que pagan impuestos concedan a los dueños de buses veinte millones de córdobas más que se pueden invertir en la educación primaria, en salario para médicos, enfermeras o maestros, es decir, en sectores que verdaderamente merecen un mejor tratamiento salarial.
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