VIERNES 3 DE FEBRERO DEL 2006 / EDICION No. 24072 / ACTUALIZADA 13:30 am





EL HUMOR DE







Crímenes de periodistas continúan inconclusos

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Los funcionarios del Cenidh, entre ellos su presidenta, Vilma Núñez de Escorcia, presidieron ayer la presentación del informe anual de ese organismo de derechos humanos.

 

Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) estima que las autoridades judiciales debieron profundizar en las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de los periodistas de LA PRENSA, María José Bravo y Adolfo Olivas, así como en el caso del periodista radial Carlos Guadamuz, hasta descubrir a los asesinos intelectuales.

Bayardo Izabá, director del Cenidh, calificó los asesinatos de Bravo y Guadamuz como políticos, por el origen ideológico de los victimarios, pero en los tres casos coincidieron en arrestar únicamente a los autores materiales, manifestó Izabá.

El Cenidh dio a conocer su informe anual, en el cual señala además, que la Policía aún no da con el paradero de los autores de la masacre de los cuatro oficiales en la delegación de Bluefields, ocurrida el 4 de mayo del 2004, lo que a criterio de Izabá es negativo para la seguridad ciudadana en el país.

Aunque la institución más denunciada por supuesta violación de derechos humanos sigue siendo la Policía en las estadísticas del Cenidh, fue el Poder Judicial el más criticado a criterio del director de ese organismo.

“Nosotros hemos visto una utilización descarada con los siguientes propósitos, tenemos casos documentados en el Cenidh, en los que hemos comprobado que el Poder Judicial es utilizado para la exclusión y la persecución política; en segundo lugar, para favorecer intereses económicos tanto del Frente Sandinista como del PLC (Partido Liberal Constitucionalista) y, en tercer lugar, para tráfico de influencias y el clientelismo”, refirió Izabá.

A criterio del funcionario, los casos que más han afectado al Poder Judicial son: el de los 609 mil dólares, sustraídos de una cuenta de ese Poder del Estado y las sentencias en casos vinculados al lavado de dinero, donde el dinero ha sido repartido de manera ilegal.
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