CSE hace peligrar elecciones
Ludwin Loáisiga López
y María José Uriarte R.
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El atrincheramiento partidario que mantienen los magistrados liberales y sandinistas del Consejo Supremo Electoral (CSE) podría “resquebrajar” el proceso electoral, provocar fisuras en su legalidad y legitimidad que propiciarían el fracaso de las elecciones, advirtió ayer el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
“El problema principalmente es el de la legalidad del asunto, porque la medida de presión, que es no conformar quórum, tiene una sostenibilidad hasta cierto punto, hasta antes de que descalabre literalmente el proceso electoral”, sentenció Courtney.
La situación “es crítica”, indicó.
El CSE continúa sin sesionar debido a que el presidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas, junto a sus colegas sandinistas, insiste en que no se apliquen tres artículos de la Ley Electoral, mientras los magistrados liberales rechazan que se discuta el cambio de nombre del Movimiento de Salvación Liberal, por el de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Ni la Organización de Estados Americanos (OEA) ni la actual presencia de representantes del Centro Carter han logrado, hasta hoy, que los siete magistrados electorales —tres sandinistas, tres liberales y Rivas— sesionen.
“No se puede llegar a las elecciones con este problema de quórum, porque garantiza el fracaso de las elecciones; en ese sentido el Consejo (Supremo Electoral) va a tener que resolver este problema operativo a la brevedad posible”, indicó Courtney.
“No abona a la legalidad y a la bienandanza del proceso electoral que se tomara la decisión que se tomó, según está reflejada en la resolución del 26 de enero y en el documento Paso a Paso y con las declaraciones recientes de magistrados, de que el artículo 41 y el 116 no iban a ser plenamente aplicados”, sostuvo.
SE MANTENDRÁ EL IMPASSE
Sin embargo, la posibilidad de integrar quórum en el Consejo Supremo Electoral (CSE) de parte de los magistrados de tendencia liberal, quedó nuevamente frenada al anunciar ayer que se mantendrá el impasse en ese Poder del Estado, ante lo que ellos consideran una nueva “emboscada” de sus homólogos Roberto Rivas y los sandinistas.
La inclusión de dos puntos a la agenda, que son el artículo 10 numerales 1 y 4 de la Ley Electoral, relacionados a las atribuciones del CSE para convocar, organizar y dirigir los procesos electorales, así como elaborar en consulta con los partidos políticos el calendario electoral, fue el detonante para que los magistrados afirmen que no asistirán a las sesiones.
Los magistrados Luis Benavides, José Marenco Cardenal y Julio Osuna, calificaron el cambio de agenda de último momento, como una manera de sus homólogos de continuar con las irregularidades que realizan desde hace tiempo.
“Para nosotros, como magistrados, este es un asombro enorme, una burla enorme, siguen emboscándonos, ya no a José Marenco, Julio Osuna y Luis Benavides, están emboscando al pueblo de Nicaragua”, expresó el magistrado Benavides.
UNA INTERPRETACIÓN
El magistrado Marenco Cardenal considera que la “maniobra” de sus homólogos está vinculada al hecho del vencimiento de su período como vicepresidente de Emmet Lang, el próximo 20 de febrero, y al no contar con los votos para su reelección pretenden impulsar esas actividades antes de los tiempos previstos.
Otro aspecto es dejar aprobada la no aplicabilidad de los artículos 41 y 116 que permite la votación de aquellos ciudadanos que no aparezcan en el padrón electoral, pero comprueben que viven en esa circunscripción, mediante una votación de 4 a 3.
“Señores, es peligrosísimo los momentos que estamos viviendo en el CSE, el peligro es patente, lo que nosotros aceptemos para las elecciones de la Costa Atlántica sienta precedentes para las elecciones nacionales, por eso es que nosotros estamos ojo al Cristo para no asistir y no hacer quórum, no es que estemos ganando el dinero de balde”, indicó Marenco.
El constitucionalista Gabriel Álvarez considera que si bien la convocatoria a las elecciones es una atribución del CSE, debe ser consultado con las organizaciones políticas que participan en la contienda.
“Se trata de una medida absolutamente irracional e injustificada, no es posible, no es lógico, no es normal, es al contrario, es absolutamente sospechoso convocar a unas elecciones más o menos siete meses antes del inicio de la campaña electoral”, planteó Álvarez.
INTERCEDEN
Shelly McConnell y David Dye, representantes del organismo observador Centro Carter, se reunieron ayer tarde con una parte de los magistrados electorales, al llegar la crisis a su punto más alto, pero no detallaron lo conversado.
"No podemos dar declaraciones ahorita, el espíritu de la reunión siempre ha sido bueno, vamos a estar haciendo declaraciones más tarde, ésta es nuestra primera reunión, entonces estamos con nuestro primer insumo, en base a eso no podemos realmente hacer ninguna conclusión", refirió Dye.
GRAVE RIESGO
“En alguna medida lo que estamos garantizando, si seguimos por la misma vía, es un proceso electoral fracasado y eso es muy peligroso”, advirtió el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
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