Líderes comunales y organismos que defienden los derechos de los inmigrantes, señalan al Estado de Nicaragua de obstaculizar la legalización de nicas en Costa Rica.
Partiendo de que los indocumentados requieren de una cédula de residencia o permiso laboral, independiente de que sea aceptada o no por las autoridades migratorias, necesitan al menos de su pasaporte para iniciar el trámite.
No obstante, por decreto ejecutivo y por leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, el costo de un pasaporte provisional en el Consulado puede ser de hasta 40 dólares y el ordinario de 65 dólares, sobre todo para las personas que requieren una declaración jurada porque carecen de documentos de identidad, la que cuesta diez dólares, además de un formulario de solicitud que vale cinco dólares.
La diferencia de costos es abismal si se toma en cuenta que en Nicaragua un pasaporte ordinario cuesta 350 córdobas y que muchos de inmigrantes nicaragüenses ganan poco en sus trabajos, considera Gerardo Sánchez, presidente de la Confederación Solidaridad, que trabaja con inmigrantes en asentimientos de Costa Rica.
Para Adilia Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), hay una gran cantidad de nicaragüenses que pueden optar a una residencia por sus vínculos con ticos, pero muchos no tienen su pasaporte para iniciar el trámite “porque ni siquiera tienen una cédula de Nicaragua o una partida de nacimiento”.
En Cenderos tienen registrados casos de mujeres nicas que tienen hasta siete hijos nacidos en Costa Rica, pero como son madres solteras, la ausencia de la firma del papá les impide el trámite del pasaporte.
Además, a muchos niños que no están identificados se les dificulta ingresar a las escuelas o ser asistidos por la Seguridad Social.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
Solís, quien reconoce que el gobierno nicaragüense ha avanzado un poco mediante la inauguración de una oficina migratoria en su Consulado en San José, dice que aún falta voluntad política porque la Cancillería nica no incide mucho en los diputados para que aprueben leyes que bajen aranceles; y la Asamblea Nacional conoce del tema y no lo pone en agenda.
“También el Consejo Supremo Electoral tiene su culpa, porque no implementa la cedulación en el exterior”, dijo Adilia Solís.
