Elección regional y partidos nacionales
Los principales partidos y alianzas políticas del país están impulsando una fuerte campaña de propaganda y proselitismo para las elecciones regionales de la Costa Atlántica que tendrán lugar el domingo cinco de marzo próximo. Al parecer, los líderes de los partidos políticos suponen que los resultados de las elecciones regionales serán un indicador anticipado de quién ganará los comicios nacionales del 5 de noviembre del presente año. Inclusive, los candidatos presidenciales de las fuerzas alternativas al PLC y el FSLN, Eduardo Montealegre y Herty Lewites, de manera personal se han puesto al frente de las campañas de sus respectivas alianzas en el Atlántico.
Ahora bien, ¿es correcto o incorrecto que los líderes políticos nacionales y candidatos presidenciales ocupen el primer plano en la campaña electoral de las Regiones Autónomas del Atlántico?
Para algunas personas esto significa una intromisión foránea en las autonomías del Atlántico, pues consideran que la elección de las autoridades regionales compete únicamente a los ciudadanos de ambas regiones, del Norte y del Sur. Sin embargo, la participación de los partidos políticos nacionales está contemplada tanto por la Constitución Política de la República como por el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral.
La Constitución Política de la República indica al respecto (artículo 55) que: “Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder”. Y en el artículo 89 de la misma norma constitucional se dice que: “Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones”.
Por su parte la Ley Electoral —que como se sabe, tiene rango constitucional— garantiza en su artículo 62 el derecho de los partidos políticos a “organizarse libremente en todo el territorio nacional”: a “difundir sus principios y programas políticos sin restricciones ideológicas”; y a “presentar candidatos en las elecciones”, sin excluir los comicios regionales de la Costa Atlántica . Y consagra también la citada Ley Electoral (artículo 65), el derecho que tienen los partidos políticos a organizarse en todo el país.
Lógicamente, los candidatos propuestos por los partidos políticos que participan en las elecciones regionales tienen que ser personas nativas de las dos Regiones Autónomas, o estar estrechamente vinculadas a ellas, pues, como señala el artículo 21 del Estatuto de Autonomía: “Para ser miembros del Consejo Regional se requiere: haber nacido en la Costa Atlántica o ser hijo de padre o madre nacido en la Región (y) haber residido en la respectiva Región por lo menos un año inmediato anterior a las elecciones”. Y aclara también dicho artículo del Estatuto de Autonomía, que para formar parte de los Consejos Regionales “los nicaragüenses de otras regiones deberán haber residido en la respectiva Región Autónoma al menos cinco años consecutivos inmediatamente anteriores a la elección”.
Por otro lado, nos parece que es muy importante y necesario que los partidos políticos nacionales se organicen en la Costa Atlántica y participen en las elecciones regionales, porque de esta manera se promueve una integración nacional armoniosa en el marco, por supuesto, del respeto a la identidad autonómica de las regiones del Atlántico. La presencia y la actividad de los partidos nacionales en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica se debe ver de manera positiva, no como una intromisión extraña en los asuntos de los nicaragüenses costeños sino como un elemento integrador de las poblaciones de ambos litorales y del centro del país, que son igualmente nicaragüenses. Además, la participación más intensa de los partidos nacionales en las elecciones del Atlántico podría ayudar a reducir el alto nivel de abstencionismo que las ha caracterizado.
En resumen, no es por su presencia en el Atlántico ni por su participación en las elecciones regionales que se debería criticar a los partidos y alianzas políticas nacionales, sino —en el caso de los que han participado antes en esos comicios y han predominado en los consejos regionales— por el incumplimiento de sus programas y la traición a sus promesas. Y en lo que se refiere a los partidos o alianzas emergentes, hay que comprometerlos a que demuestren que son realmente una alternativa confiable a los partidos tradicionales —PLC y FSLN—, que han gobernado de manera deplorable en las regiones del Atlántico desde que se comenzó a implementar el Estatuto de Autonomía.
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