Discusión regulatoria
Freddy Potoy Rosales
En este año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta), parece vertiginoso el impulso de las telecomunicaciones, las tecnologías y los asuntos regulatorios, lo cual en principio es alentador.
La semana pasada se oficializó la ejecución del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), a pesar que fue aprobado hace algunos meses por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Gobierno trabaja en la modificación de algunas leyes relacionadas con el sector, el ente regulador dice tener cubierto el aspecto normativo tanto en leyes como en reglamentos y lo más reciente que se ha conocido es el anuncio que hizo la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que se lanzará a impulsar, dentro de este régimen, empresas que presten servicios digitales bajo el nombre de Oficinas Procesadoras de Negocios (BPO, en inglés), con una inversión inicial de cuatro millones de dólares.
Por otra parte, las dos compañías telefónicas en el país, Enitel y Telefónica, continúan su batalla por ofrecer mejores servicios de telefonía e Internet a los usuarios nicaragüenses, el acceso a Internet poco a poco crece y ahora está de moda, al menos con mayor énfasis en la capital, el tema de VoIP.
Pero más allá de las cosas que ha hecho cada sector por su lado, que son muy buenas en virtud de no quedarnos rezagados, aún se percibe una disgregación de una política integral del desarrollo científico y tecnológico por parte del Estado de Nicaragua.
A pesar de todos los escollos que se puedan presentar en los avatares de las telecomunicaciones, las tecnologías y el marco regulatorio, es sano el ensayo de discutir la validez de los preceptos establecidos en el DR-Cafta, la ley que regula la materia y los reglamentos de la misma, pero no recomendable alterar aspectos cuya naturaleza está claramente definida.
Si aspectos relacionados a la regulación tarifaria, la portabilidad numérica, la servidumbre y/o el cumplimiento de los requisitos para los operadores que deseen prestar distintos servicios del sector, ya tienen un asidero legal, lo más indicado es regirse conforme a lo establecido y hay una intencionalidad de hacer reformas que se hagan como debe ser.
Hay conceptos como el de operador dominante o con Poder Significativo de Mercado (PSM), no discriminación, acceso e interconexión, uso de la infraestructura de redes del operador dominante, entre otros, que no deben ser utilizados de forma retorcida por ninguno de los actores: gobierno, operador dominante, no dominante, usuarios u otros.
Lo bueno en este sentido es que el texto del DR-Cafta está basado sobre principios generales, los cuales se tienen que adaptar a las condiciones de cada país firmante y su realidad jurídica, comercial y de mercado.
Este año que particularmente está marcado por ribetes políticos que culminará con las elecciones nacionales en noviembre próximo, pondrá a prueba a Enitel y Telefónica respecto a la evolución de las telecomunicaciones y las tecnologías, en el marco del DR-Cafta, la realidad sociopolítica y económica del país y la demanda de lo usuarios. Veremos a dónde apuntan las compañías telefónicas en los próximos meses, justo cuando entra la “maquila digital”.
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