Derecho de huelga contra derecho a la salud
Mucho se critica a los médicos que están en paro desde hace más de dos meses, porque se les acusa de que han puesto su demanda de aumento salarial —y por lo tanto su interés particular— por encima del derecho humano a la salud, sobre todo de las personas más pobres que necesitan con urgencia de vida o muerte la atención médica, pero no la reciben por la huelga de los galenos.
Sin embargo, también es justo y necesario reconocer el mérito de los médicos que sacrifican su interés particular en aras del cumplimiento cabal de su deber profesional, social y humanitario, y por eso en vez de sumarse a la huelga han seguido atendiendo normalmente a sus pacientes. De manera específica nos referimos a los médicos de los centros de salud en Las Minas y Mulukukú, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), quienes, según informó ayer LA PRENSA, dijeron que “no participan de huelgas médicas porque no pueden abandonar a pobladores de comunidades pobres…”.
Evidentemente es por nobleza personal y profesional que esos médicos han asumido tal actitud, y no porque ganen mejores sueldos que sus colegas en huelga. En efecto, según la misma información de LA PRENSA, los sueldos que devengan los médicos de Las Minas y Mulukukú van de 3,800 córdobas a 6,500, 7,800 y 9,135 córdobas al mes, debiendo atender un promedio de 70 a 80 personas por día.
Ya hemos dicho antes, al comentar la huelga de los médicos en demanda de más aumento de sus sueldos, y lo reiteramos ahora, que a nuestro juicio ellos tienen razón al reclamar mejores salarios. En realidad, nadie puede negar que los sueldos que ganan ahora los médicos, a pesar de los ajustes o aumentos que han recibido en los últimos años, son insuficientes e incompatibles no sólo con la complejidad y la calidad de los servicios que ellos prestan, sino también con su dignidad profesional. Sin embargo, no es justo que por presionar a la burocracia gubernamental para que les aumente el sueldo, dejen de atender a los enfermos que en su gran mayoría provienen de los sectores más pobres, vulnerables y necesitados de la sociedad nicaragüense.
El derecho de huelga es una de las conquistas más importantes de los trabajadores en todo el mundo, a lo largo de la historia. El derecho de huelga, aseguran especialistas jurídicos, equivale en el ámbito laboral al derecho a la legítima defensa en lo penal; o sea que ante la incapacidad y/o la indiferencia e insensibilidad social de la parte patronal —privada o estatal—, es legítimo que los trabajadores recurran a la acción de fuerza que es la huelga, para presionar por la aceptación de sus demandas reivindicatorias de mejoramiento salarial y de condiciones laborales.
Pero igual que cualquier otro derecho, el de huelga no es absoluto. Todo derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro y de los demás, según lo establece el principio básico de la convivencia humana. Por ejemplo, en lo penal, el derecho de una persona a la legítima defensa no lo autoriza a matar al otro. La persona agredida que se defiende con una pistola, tiene que disparar al aire para intimidar y contener a su agresor, y sólo en caso extremo dispararle a una pierna o a un brazo, para inutilizarlo.
Con mayor razón, el derecho de los médicos a la huelga para demandar un mejor pago por sus servicios profesionales, no puede ser colocado encima del derecho de las personas enfermas a recibir la atención médica que es indispensable para que puedan recobrar la salud, e inclusive para no morir. Los líderes de los médicos, que son expertos en asuntos sindicales, tienen que buscar métodos más apropiados para plantear sus justas demandas salariales.
Y cabe señalar al respecto que es inadmisible la posición de algunos organismos nacionales que existen para la defensa de los derechos humanos, pero que por política han preferido respaldar el derecho de huelga en vez del elemental derecho humano de los pobres a la salud. Menos mal que los representantes de los organismos de Naciones Unidas en Nicaragua se han pronunciado muy claramente, en el sentido de que el derecho legítimo de huelga no debe pasar por encima del derecho humanitario a la salud y a la atención médica donde y cuando se necesite.
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