Telecomunicaciones ante el DR-Cafta
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Nicaragua parece tener “buena nota” frente al DR-Cafta, pero la inestabilidad política e inseguridad jurídica rondan las inversiones |
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Freddy Potoy Rosales
Aunque las negociaciones de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), no tuvieron la misma publicidad que otros rubros, lo cierto es que a las puertas de entrar en vigencia ese tratado, aún se hacen ajustes técnicos y existen temores políticos.
La subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), doctora Ana Nubia Alegría, considera que el país tiene una nota de 90 (de 100) en cuanto a la compatibilidad que existe entre la legislación interna y lo establecido en el texto del DR-Cafta.
No obstante, Alegría expresó sus reservas por la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que se desprende de la primera, respecto al futuro de las inversiones en telecomunicaciones. Pero la funcionaria pública, va más allá y dice que otra de las barreras reales que aprecia es la ley creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) o Ley 511.
La Ley 511, según Alegría, genera una gran incertidumbre en cuanto a su aplicación, por cuanto no se tiene certeza si el ente regulador será Telcor o la Sisep. Pero además, ¿se mantendrá la condición que nueve meses después de entrar en vigencia dicha norma, el operador dominante tendrá el monopolio del servicio de telefonía convencional?
“El DR-Cafta beneficiará a Nicaragua por las inversiones entrantes, sin embargo, tengo mis reservas en cuanto a qué tipo de inversión vendrá al país, porque hay una inseguridad jurídica real, y aunque está abierto el mercado (de telefonía convencional, larga distancia internacional y servicios de Internet) desde el año pasado, nadie vino por todo lo que sucedió”, destacó Alegría.
Agregó que el peor pecado que puede surgir en telecomunicaciones, es sacar una ley (la 511) sin haberla hecho partícipe con los actores que invierten en este país en telecomunicaciones. Otro problema que observa la funcionaria es que en el 2006 se está operando pero no hay seguridad jurídica ciento por ciento porque no se sabe cuáles son las condiciones del juego para el 2007.
LAS BARRERAS
“Estas condiciones son las que veo como reales barreras, no sólo para el DR-Cafta, sino para la apertura del mercado en el país. Las barreras por las cuales no tenemos una competencia real y efectiva, somos nosotros mismos”, destacó.
Dijo que siempre ha insistido en que las leyes para una competencia, “pasan a ser, me atrevería a decir, hasta segundo plano, porque el mercado y las empresas se autorregulan, porque es algo natural que en la medida que se le da un beneficio a los usuarios, o en la medida que se establecen tácticas de mercadeo, el mercado te saca o te deja”.
No obstante, aclaró que es importante la acción regulatoria para que no se “amarren” dos operadores dentro del mercado, porque “amarrarían” los precios para los usuarios, que no gozarían de los beneficios dentro de un mercado de competencia.
CON BUENA NOTA
“En telecomunicaciones frente al DR-Cafta estamos con buena nota y aquí está demostrado, pero mi preocupación es hasta qué punto vamos a tener buena nota en el DR-Cafta en el momento de implementarlo. Mi preocupación es porque no tenemos seguridad jurídica, no en los temas propios de la materia, sino en los temas alternos a una operación”, reiteró Alegría.
Explicó que Nicaragua salió de una regulación conjunta hace diez años hacia una regulación sectorial y eso costó muchos millones de dólares, prestados por el Banco Mundial y ahora “estamos retrocediendo con la Ley 511”.
¿CON LA LEGISLACIÓN PREPARADA?
La subdirectora general de Telcor, doctora Ana Nubia Alegría, dijo que la mayoría del articulado de nuestra legislación interna, sustenta las condiciones planteadas por el DR-Cafta. Entre los aspectos que se han reforzado vía reglamento están: la portabilidad numérica y la servidumbre.
La portabilidad numérica significa que el usuario tiene un teléfono de una compañía y se quiere pasar a otra y se puede llevar el número.
La Ley Genereal de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) establecía que de acuerdo con la factibilidad técnica que pudiese existir, se podía dar, pero se quería un nivel más específico y por eso se propuso una reforma al reglamento de la Ley 200 donde se establece que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones están obligados a proveer portabilidad numéricas en las medidas técnicamente factibles de manera oportuna, en términos y en condiciones razonables. Telcor podrá tomar en consideración la factibilidad económica de proveer portabilidad numérica para asegurar el cumplimiento de este requerimiento.
En el caso de la servidumbre, se hizo una ampliación, que son propuestas que ya están finiquitadas para que el Presidente de la República las apruebe como una reforma al Reglamento de la Ley 200. "Nosotros ya habiéndole otorgado un derecho acá, les establecimos a ellos (los concesionarios) una obligación sobre la base del DR-Cafta, que es que los operados que estén clasificados como dominantes, es decir, que tienen poder de mercado, tienen la obligación de proveer acceso en condiciones de no discriminación y de tarifas razonables, a otros operadores, a sus postes, ductos, conductos y derechos de paso, es decir, toda la infraestructura esencial para el establecimiento de competencia.
El artículo 102 del Reglamento de la Ley 200, decía: Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones tienen derecho al uso de la superficie del subsuelo y del espacio aéreo propiedad pública del Estado, así como a solicitar la imposición de servidumbre que se requiera para cumplir con sus compromisos de expansión y concesión, y luego decía cómo era el procedimiento de negociación que se refiere a la ley de la industria eléctrica.
Según Alegría, hay pocas cosas para corregir o dejar más específicas, porque existen unos reglamentos que los trabajaron en años anteriores y en éstos se tomaron en cuenta las disposiciones del DR-Cafta, que son de carácter general.
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