Costas aún sin horizontes
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En octubre pasado la Comisión de Asuntos Municipales del Parlamento dictaminó la Ley de Zonas Costeras, y desde entonces los empresarios y el Gobierno demandan más tiempo para que ésta vuelva a consulta en el seno de una comisión multidisciplinaria ya que a como está la Ley deja a interpretaciones el respeto de los derechos adquiridos |
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La ley de zonas costeras continúa en medio de controversias.
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Amparo Aguilera
economia@laprensa.com.ni
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El sector privado teme que este año los 86 mil empleos, que en parte son generados por la inversión turística en Nicaragua, se reduzcan a la mitad si el parlamento pasa a como está el anteproyecto de Ley de Zonas Costeras.
En octubre del 2005 la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional dictaminó el proyecto descrito con varios vacíos, según los empresarios del sector y el Ejecutivo. Entre el que destacan el “más vital” : el no respeto a los derechos adquiridos.
¿Cuál es la propuesta? El sector turístico en estos momentos demanda más tiempo a los legisladores, pues con ello apuestan a que el anteproyecto se dictamine con el consenso de todos los sectores que hacen uso de las costas en el Pacífico y Atlántico nicaragüense. Es decir desde pobladores hasta empresarios.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por ejemplo, propone un año para que el dictamen se remita a una Comisión Especial conformada por la Comisión de Turismo, Comisión de Asuntos Económicos, Comisión Municipal y del Ambiente, de la Asamblea Nacional, las cuales se encargarán de someterlo a consulta, analizarlo y dictaminarlo. Y a esta demanda se unen gremios como la Comisión Nacional de Ganaderos (Conagan).
Aunque la propuesta ya cuenta con el “no” de los parlamentarios que integraron la Comisión de Asuntos Municipales el año pasado, quienes la desestimaron y concluyeron que el anteproyecto será aprobado tal como está elaborado, por ahora depende que se destrabe la controvertida elección de directiva en la Asamblea Nacional.
HAY INVERSIÓN ESTANCADA
A la fecha las pautas del anteproyecto ya están implicando un estancamiento en la inversión. Canatur refiere que en el 2006 están en juego entre 367 y 370 millones de dólares, capital que está a la espera de una ley “consensuada”, que a la par del uso público de las costas garantice los derechos de los privados, “así es que sólo pedimos más tiempo en una ley que a una nación como Costa Rica, que lleva la delantera en turismo, le tomó 20 años”, comenta Lucy Valenti, presidenta de la Cámara.
Valenti expone, por ejemplo, que Marina Puesta del Sol, una de las inversiones más grandes del país, ubicada en occidente, ya decidió suspender la construcción de la segunda fase del proyecto valorada en 12 millones de dólares.
La segunda etapa mencionada implicaba la edificación de un hotel. “Pero lo han aplazado y hablamos de un proyecto que en total ronda los 45 millones de dólares”, plantea la representante de Canatur.
El complejo turístico Gran Pacífica, otra inversión de gran calibre en Nicaragua, aún no ha detenido obras. Pero Adiak Barahona, gerente de operaciones en el proyecto, no descarta una eventual paralización de las construcciones si el dictamen actual de costas es aprobado por el parlamento.
“Nosotros estamos esperando a que nuestras autoridades logren crear una ley de costas que sea consultada con todos los involucrados”, dice Barahona.
El complejo significa una inversión total de 52 millones de dólares, de los cuales han invertido 9.3 millones. En la actualidad Gran Pacífica está diseñando una planta de tratamiento de aguas residuales cerca de las costas del Pacífico.
Además para proteger las playas, ha previsto primero tratar las aguas negras para luego irrigar el campo de golf, cuya construcción iniciará el próximo 13 de enero con los primeros 18 hoyos. Lo que representará una inversión de 5.3 millones de dólares en la primera fase.
Mientras tanto en el municipio de Tola, Rivas, hay tres proyectos turísticos que todavía no se están ejecutando, valorados en 9.2 millones de dólares. Según el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) estos están en proceso de evaluación.
Incluso el Intur revela que en el 2005 se aprobaron 53 proyectos turísticos con una propuesta de inversión global de 22.7 millones de dólares. Esto implica 17.3 millones de dólares menos en relación al 2004.
La titular del Intur, María Nelly Rivas, sostuvo a inicios de esta semana que continuará haciendo lobby en el Parlamento para evitar la aprobación del actual dictamen de Ley de Zonas Costeras.
“Vamos a esperar cómo queda la Comisión de Asuntos Municipales para seguir insistiendo con el tema, aunque creo que habrá apertura porque ya han escuchado lo que piensan los alcaldes, pobladores y empresarios”, aclara.
Entretanto el presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional, el sandinista Tomás Borge Martínez, recalca que abogará en pro de que el anteproyecto de costa se replantee.
“A mi juicio ese proyecto no es aplicable, y me parece que hay que profundizar en el mismo, de manera que soy partidario a que se le siga dando vueltas (discutiendo) y en eso voy a insistir”, apunta Borge.
A la fecha las bancadas mayoritarias del Parlamento han dicho que priorizarán leyes económicas, aunque no han señalado la de costas.
CONSULTOR OPINA
Guillermo Chamorro Vega, consultor del anteproyecto de Ley de Zonas Costeras, dijo a LA PRENSA que la idea es “sacar” una ley “equilibrada” que no venga a agravar los problemas, pero que sí ordene las costas.
“En ese sentido te puedo decir que en el proyecto de Ley establecemos el uso de zonas costeras a nivel público, respetando los derechos adquiridos independientemente de que se base en la Ley Agraria de 1917”, comenta.
“Porque la Ley está vigente, ahora no podemos echar mano de la Ley del Marena porque ésta se refiere a los mantos acuíferos no a zonas terrestres, y la ley de la que estamos hablando viene a ordenar la zona costera de la que se han apropiado muchos privados”, indicó. Aunque no supo detallar los casos.
LOS VACÍOS DEL ANTEPROYECTO
Omar Barahona, director de Asuntos Jurídicos en el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), refiere que el primer vacío que tiene el anteproyecto de Ley de Zonas Costera radica en el tema del dominio público.
“Ya que los diputados consideraron que la excepción: todo es del estado excepto las personas que tienen títulos debidamente inscritos era suficiente, sin embargo a nuestro juicio todavía hay problemas de propiedad en el país por lo tanto debería de haber más claridad en la excepción definiendo qué es de dominio privado”, comenta.
“Para nosotros son de dominio privado las zonas costeras inmediatas o colindantes que no sean de dominio público del Estado o de las municipalidades”, agrega.
“Respetándose de esta forma los derechos adquiridos de estos particulares, sean personas naturales o jurídicas, en las zonas antes referidas con las limitaciones establecidas en la ley”, añade.
El segundo vacío del proyecto de Ley, según Barahona, tiene que ver con los accesos públicos que son definidos para servidumbre de paso.
“Si usted tiene un área costera la ley dice que cada 50 metros hay que hacer un acceso para que las personas puedan acceder a la costa. Y nos parece que es excesivo establecer por ley que cada 50 metros haya un acceso de ese tipo, es decir creemos que se deben establecer accesos de manera lógica, y para eso se requiere de un plan adaptado a cada realidad ya que hay playas donde el acceso es imposible”, destaca.
El tercer vacío radica en la dirección de la Ley, ya que a juicio del Intur debe dársele la implementación de la misma a un instituto, y no al Ineter, con autonomía de los poderes de Estado y de las comunas, que incluso podría encargarse de otorgar las concesiones.
El cuarto en tanto está referido a los plazos de otorgamiento de concesiones, ya que el anteproyecto establece un período máximo de 25 años, y según el Intur, hay proyectos que conllevan más tiempo. Por lo tanto piden una excepción.
El vacío número cinco está relacionado a la revocación de concesiones, ya que éstas quien las valora y emite es la municipalidad, de modo que de acuerdo a los empresarios y al Gobierno, se presta a abusos y crea inseguridad.
El vacío seis, mientras tanto, tiene que ver con la zona de uso público, ya que a criterio de la entidad turística 250 metros es “demasiado” para ese uso.
“Consideramos que se debe tomar en cuenta la ley del Marena, que recoge como zona de uso público 30 metros medidos desde el punto más alto de la marea alta”, dijo.
CUESTIONABLE
A criterio de la experta fiscal Aída Herdocia, la Ley de Zonas Costeras podría suscitar serios problemas ya que mantiene el error de hacer creer que la Ley Agraria de 1917 regulaba los terrenos propiedad de particulares, cuando de la misma Ley Agraria se desprende que esta se refiere solamente a terrenos baldíos propiedad de la nación. De manera que jurídicamente es cuestionable, señaló.
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