La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es quien impide al Ministerio Público presentar cargos en contra los implicados en el caso de los “narcodólares”.
En el “ojo del huracán”
El diputado Gerardo José Miranda Obregón está justo en el centro de la tormenta. Su sorpresiva separación del sandinismo y anexión a la bancada liberal, lo ha sacado del anonimato y su valioso voto podría significar hoy la ansiada presidencia de la Asamblea Nacional para el controversial parlamentario Enrique Quiñónez. Tras cinco horas de acaloradas intervenciones pletóricas de insultos y acusaciones mutuas, la Junta Directiva de Edad, otorgó una hora de receso para proseguir con la accidentada sesión en la que se espera elegir una nueva directiva. LA PRENSA/G. Miranda VER GALERÍA DE FOTOS >>
Cuatrocientos cincuenta nicaragüenses fueron devueltos por las autoridades salvadoreñas, hacia Nicaragua, durante el año 2005, tras comprobar su condición de indocumentados.
Nicaragua deberá pronto aprobar un paquete de reformas legales relacionadas a la propiedad intelectual, como parte de la agenda pendiente para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
Ocho de cada diez nicaragüenses consideran que el magistrado Rogers Camilo Argüello, uno de los funcionarios de más alto rango en el Poder Judicial, implicado en la trama de los “narcodólares”, debe ser destituido de su cargo “para que enfrente a la justicia”, según revela la última encuesta de la firma consultora M&R.
La presidenta de la Cruz Roja filial El Rama, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Maritza Peck Montiel, denunció ante LA PRENSA que en el Hospital Municipal Carlos Roberto Huembes, de ese municipio, se cobró 1,500 córdobas por preparar cada uno de los cuerpos que fueron sacados de las aguas del río Escondido.
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