Niegan que dieron mala atención en previsional
Anne Pérez Rivera
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A pesar de las acusaciones que hicieron familiares de la periodista Dominga Tercero Gómez, por supuesto mal servicio y negligencia médica, las autoridades de la Policlínica Previsional Cruz Azul, aseguraron que “en ningún momento hubo una mala atención”.
El doctor Mauricio Paniagua López, director del área de atención médica, explicó que el servicio brindado fue acorde al delicado estado de salud de la periodista, quien fue internada el pasado 15 de diciembre con dolores abdominales, y aunque se le diagnosticó un quiste en el ovario derecho, fue operada dos días después por apendicitis.
“La paciente (Tercero) vino con síntomas que no estaban bien definidos, y eso fue una dificultad. Ella presentó problemas con la glándula tiroides, además en consultas anteriores se le detectó un quiste en el ovario, y teníamos que descartar esos problemas”, dijo el galeno.
Para ser intervenida quirúrgicamente, la periodista fue trasladada al área privada del Hospital Lenín Fonseca, con la cual la policlínica Cruz Azul tiene un convenio de colaboración.
En ese hospital se le atendería con mejores condiciones, porque su problema de tiroides ponía en riesgo la situación de la paciente, explicó Paniagua López.
Sin embargo, Yulizabeth Martínez Tercero, hija de la periodista enferma, también reclamó que el traslado al Lenín Fonseca se hizo en un microbús de recorrido de personal.
“Nosotros usamos nuestros medios. Además, ese microbús tenía un buen espacio para que la paciente fuera trasladada en camilla”, dijo al respecto el director de atención médica.
Martínez Tercero también dijo haber percibido poco interés médico y humano en la situación de su madre, por parte del personal de Cruz Azul.
La paciente fue trasladada al Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, por sufrir derrame cerebral, un padecimiento que no es cubierto por el Seguro Social.
Ahora la deuda de la familia de la periodista asciende a 112 mil córdobas.
CENIDH: DEBE HABER MAYOR FISCALIZACIÓN
Wendy Flores, asesora legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que el Estado, a través del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), debe ejercer mayor fiscalización sobre las empresas médicas previsionales.
El INSS inició una investigación sobre el caso. De haber existido mala atención y negligencia médica, esa institución podría aplicar sanciones, aseguró Jaime Fuentes, gerente general de Salud Previsional.
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