Es evidente que hay ciertos cargos que por su naturaleza no pueden ser ejercidos por cualquier persona sino que demandan algunas características muy particulares relativas al carácter. El sacerdote o el ministro evangélico, el jefe de Policía o del Ejército, los ministros de Estado, el Presidente de la República, diputados, jueces y magistrados, deberían ser personas especiales, no sólo desde el punto de vista de su capacidad profesional sino también éticamente hablando.

Esto es así por varias razones. Primero, la sociedad deposita en ellos una gran cuota de confianza y de poder; segundo, sirven de paradigma ético para niños y jóvenes en las escuelas; tercero, son figuras públicas cuya vida (incluyendo su vida privada) está sujeta al escrutinio de todos. Así que cuando en su actuar, alguno de estos servidores públicos da pie para que se empañe su imagen, se hace necesario aclarar por completo los hechos que le dieron origen de tal forma que no quede el menor asomo de duda acerca de la inocencia o culpabilidad del aludido.

De ahí que la ciudadanía nicaragüense se encuentre sobrecogida por la actitud indolente y yoquepierdista de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante el escándalo del robo de más de seiscientos mil dólares que involucra al menos a tres de ellos de forma directa. En vez de enfrentar a la sociedad ante la cual son responsables como grupo colegiado y darle una explicación “laica” de lo ocurrido que le satisfaga razonablemente, el magistrado más implicado en el penoso hecho declaró ante las cámaras de televisión que tenía el dinero robado en la ciudad de Miami, luego agredió físicamente a un grupo de periodistas que le entrevistaban sobre el asunto y últimamente ultrajó verbalmente a una mujer periodista, amparado —desde luego— en su inmunidad.

Mientras tanto, sus compañeros magistrados permanecen mudos. ¿Se puede esperar algo peor de un miembro del supremo tribunal? En cualquier país del mundo distinto de Nicaragua, este señor magistrado ya habría sido despojado de su inmunidad por el Poder Legislativo para que respondiera a título personal ante los tribunales de justicia por los delitos que se le señalan. Pero en Nicaragua, la inmunidad se ha convertido en el escudo perfecto para que políticos inescrupulosos cometan todo tipo de fechorías de manera impune.

Más preocupante aun es que los demás magistrados —entre los cuales se encuentran juristas renombrados que han formado a muchos profesionales del Derecho en las facultades universitarias del país— no se pronuncien ante el escándalo que envuelve a toda la Corte Suprema de Justicia. Algunos de ellos han dicho que las acciones de un magistrado no son responsabilidad de la Corte. Sin embargo, esto es nada más parcialmente cierto. Los magistrados son un cuerpo colegiado y para que uno de ellos actúe —como en el caso de la salida de los narcodólares— se requiere de la cooperación de otros. Por ejemplo, ya se sabe que el proceso de liberación de los narcodólares requirió de la firma de varios de ellos. Por otro lado, el presidente de la Corte, Manuel Martínez, ha hecho afirmaciones sorprendentes y preocupantes. Por ejemplo, dice que la Corte no está facultada para juzgar a un magistrado y que ellos, como parte de ese Poder del Estado, no van a ir contra uno de sus compañeros. En otras palabras, el magistrado Martínez valora el principio de solidaridad (aunque se trate de la posible comisión de un delito) por encima del principio del cumplimiento de la ley y del castigo del delito. ¿Un magistrado del supremo tribunal?

En su actuar, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia más bien dan a entender que el principio supremo que están protegiendo en este caso no es el de la solidaridad sino el del interés económico. ¿Cuánto gana un magistrado de la Corte Suprema? En la calle la gente dice que ocho mil dólares mensuales más gastos de representación (almuerzos en restaurantes de lujo), de gasolina, de mantenimiento mecánico de vehículos, más introducción de vehículo libre de impuestos, entre otras cosas. Sin embargo, la buena honra no tiene precio y allí en la Corte, estamos seguros que hay profesionales de buena honra. ¿No sería más digno y más ético que éstos presentaran su renuncia?

La ética de la renuncia