Directivos de la Comunidad Indígena de Matagalpa (CIM) insistieron en que la finca Las Cañas, situada entre los municipios de Matagalpa y San Ramón, forma parte del patrimonio indígena y por eso reiteraron su respaldo a los pequeños productores que tienen lotes en la propiedad de 135 manzanas de extensión.
La propiedad también es reclamada por la sociedad anónima denominada Centro Energético Yasica S.A. (CEYSA).
Luis Enrique Vasconcelos Miranda, en representación de CEYSA, descartó que la finca pertenezca a la CIM y sostiene que la propiedad ha sido privada desde hace más de un siglo.
“Era parte de la misma finca La Cumplida”, afirma Vasconcelos, explicando que CEYSA compró las 135 manzanas a la anterior dueña, Silvia Mejía Salazar. La compraventa está contenida en una escritura autorizada por el notario Alejandro Rodríguez en junio del año 1994.
Mostrando transcripciones de microfilmes, escrituras y antecedentes registrales, Vasconcelos considera que “con esto (documentos) se demuestra plenamente que esa propiedad jamás ha sido de la Comunidad Indígena”.
¿LA LEY A QUIÉN PROTEGE?
Sin embargo, la secretaria de la junta directiva de la CIM, María Jesús Polanco, afirma que Las Cañas “sí es territorio de la Comunidad Indígena y nosotros tampoco vamos a proteger a ‘un grande’ para desproteger a los pequeños”.
En el conflicto, la Policía ha intervenido varias veces apoyando a Rafael Osejo, quien fue nombrado como depositario judicial de la propiedad en virtud de un juicio que promovió un acreedor de CEYSA en el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua.
La última vez fue el 6 de diciembre recién pasado, cuando la Policía ejecutó un desalojo y arrestó a 23 personas, la mayoría trabajadores de algunos de los pequeños productores que, apoyados por la CIM, reclaman la propiedad. El Ministerio Público desestimó acusarlos ante las autoridades judiciales.
DOS AÑOS EN CONFLICTO
Según Vasconcelos, cuando CEYSA compró la finca pretendía establecer una pequeña central hidroeléctrica, pero diez años después, en agosto del 2004, un grupo de personas quiso posesionarse de la propiedad con un secuestro preventivo que ejecutó el actual juez Segundo de Distrito Penal de Juicios, Juan Francisco Vega Reyes.
Pero esa medida prejudicial fue anulada posteriormente porque no fue bonificada en ninguno de los juzgados de Distrito Civil de Matagalpa y para Vasconcelos “todo fue simulado y fue nada más un vehículo para penetrar a la propiedad”.
La anterior directiva de la CIM, presidida por Isidro Díaz, otorgó a 23 personas los derechos de uso y goce sobre la propiedad, en virtud de un contrato de arriendo contenido en la escritura número 43 autorizada a las 2:00 p.m. del 23 de septiembre del año 2004 por el notario Martín Gabriel Rodríguez Castillo.
En el caso de Rodríguez, según una constancia de la Corte Suprema de Justicia emitida el 23 de agosto de este año, “su protocolo número cuatro corresponde al año 2004 y no informó a la Oficina de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos si para el año 2004 cartuló o no”.
¿CEDIERON DERECHOS?
A partir de esa escritura, inscrita con el número 526, asiento 10,590-A, folios del 193 al 196 del tomo 752; algunos de los arrendatarios, entre ellos Justo Heberto Huete Treminio y Félix Pedro Valdivia Hernández, “cedieron” los derechos a otras personas que ahora reclaman lotes de diferentes extensiones dentro de la misma propiedad.
Entre los nuevos arrendatarios están Casimiro Frank Arauz Martínez y Edwin Möller Sáenz, quienes dicen que compraron sus respectivos lotes a José Luis Gurdián Alfaro quien actuó como apoderado de varios de los primeros arrendatarios.
Otro reclamante es Timoteo Díaz Díaz, quien asegura que compró 15 manzanas de la misma propiedad a Huete Treminio y a Valdivia Hernández.
Mientras tanto, Juan José Ortiz dijo haber comprado un lote de 70 varas de frente por 40 varas de fondo, incluyendo una casa, en la misma propiedad. El presunto vendedor fue Huete Treminio.
