Un año ha transcurrido desde el gran robo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que resultaron involucrados jueces, abogados y magistrados, y los 609 mil dólares siguen sin aparecer.
Las investigaciones de la Fiscalía quedaron en nada, y el final de la historia se resume a las sanciones aplicadas a jueces y abogados que formaron parte de una larga cadena de funcionarios involucrados en la salida del dinero.
Hoy, 20 de diciembre, se cumple un año de que jueces y abogados fueron notificados de la sentencia 54, dictada por la Corte Plena, motivo por el que LA PRENSA buscó a los involucrados en el caso, sobre los que pesan sanciones y destituciones, y habló con algunos.
Todos coinciden en que el procedimiento de las investigaciones fue desproporcionado y nada apegado a la ley.
Benjamín Arriaza Larios fue destituido del cargo de Juez Cuarto Local Penal de Managua y suspendido por un año y medio del ejercicio profesional.
Moisés Rodríguez Zelaya, antes juez suplente Segundo Local Penal de Managua, también fue destituido y tampoco puede ejercer su carrera como abogado por un año y medio.
La misma sanción le fue aplicada al juez suplente Sexto Penal de Juicio, Julio Morales Aragón. El castigo más severo se lo impusieron al abogado Israel Zelaya Rivas, impidiéndole desempeñar la abogacía por cuatro años.
La juez suplente de Distrito Penal de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla Martínez, además de ser destituida, fue suspendida por tres años.
La sanción menos grave fue para la notario Astrid Berenice Bracamonte Hernández: un año de suspensión.
NINGUNA GESTIÓN
Pese a que la sentencia ordenó la restitución del dinero, robado mediante una trama jurídica con apariencia de legalidad, los 609 mil dólares nunca retornaron a las arcas de la CSJ.
“Con relación al dinero, no creo yo que se hayan hecho gestiones sobre eso. Parece que por todo lo que se vino a conocer después, ya había sido extraído de las cuentas de la Corte e iba a ser difícil recuperarlo”, declaró el vicepresidente de la CSJ, magistrado Rafael Solís.
La trama de los 609 mil dólares se materializó en septiembre del año pasado, cuando retiraron el dinero de una cuenta de la CSJ en el Banco de la Producción (Banpro), mediante un cheque emitido por el presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez.
El dinero había sido incautado al reo Jorge Eliécer Hernández González, también conocido como Luis Ángel González Largo, de nacionalidad colombiana, capturado en abril del 2004.
González Largo no pudo reclamar el dinero, porque fue extraditado a Estados Unidos el 19 de abril de 2006, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas.
AL TIMÓN DE UN BUS
Benjamín Arriaza Larios considera que su caso fue tratado de una forma muy distinta al resto de jueces involucrados: no le pidieron que presentara ningún informe ni le separaron provisionalmente del cargo mientras duró la investigación.
“No me dejaron derecho a ninguna defensa. No sé si las investigaciones estuvieron parcializadas, pero sí cometieron una gran injusticia, la cometieron”, comentó Arriaza vía telefónica.
En un artículo de opinión, Arriaza expresó: “Espero que la verdad sea conocida y esa verdad me hará libre, libre de la condena injusta que me fue impuesta ante la sociedad, ya que es falso que yo tomé un solo dólar sucio, menos que participé en una trama ilegal”.
La sanción contra este ex juez se vence en junio del próximo año. Mientras, continuará trabajando al volante de un autobus del transporte público en la ruta Masaya-Managua.
El abogado Israel Zelaya siempre se encuentra en el estacionamiento del Complejo Judicial Nejapa. Dice que se dedica a dar servicios de asesoría, mientras transcurren los cuatro años que debe estar suspendido.
Zelaya considera que las investigaciones de la CSJ no fueron balanceadas, porque no tuvo oportunidad de ser oído. “Por antonomasia, como dirían los filósofos, siempre al perro más flaco se le pegan las pulgas; entonces, si tú ves, aquí existen algunas ‘estrategias’ por así llamarlas, como el gallinero: el que está arriba ensucia al que está abajo”, dijo.
Moisés Rodríguez Zelaya señaló que este año ha sido “doloroso” y “crítico”, que le ha dejado perjuicios en el aspecto moral, profesional y familiar. Él se ha dedicado a litigar a través de un amigo.
Opinó que la sentencia que ordenó su suspensión no tiene ninguna lógica jurídica y está fuera del contexto legal, igual que las investigaciones son objeto de nulidad por su “mala actuación”.
“La verdad es que hasta el día de hoy es que seguimos sintiendo en carne propia esa mala aplicación de la justicia, que se nos dio a todos los que nos vimos involucrados en ese caso”, dijo.
Para Rodríguez Zelaya, la Corte actuó de forma parcializada al destituir y sancionar a jueces y no “tocar” a quienes verdaderamente tomaron el dinero.
“Pienso que se nos castigó injustamente y que no se castigó al verdadero zángano, por llamarlo así, si nos atenemos a las investigaciones que han hecho los diferentes medios de comunicación (...) Esa persona tiene nombres y apellidos: el señor Carlos Mario Peña”, sostuvo.
Su afirmación la sustenta con algunos hechos: la persona que introdujo un escrito en la CSJ como parte del plan, tiene vínculos familiares con él (Peña).
“Al final miramos que él (Peña) aparece en un vídeo retirando el dinero, significa que él es quien tiene el dinero”, argumentó.
Buscamos la versión de Carlos Mario Peña, a través de llamadas telefónicas a su móvil y a la casa de su padre, pero no fue localizado.
A raíz del escándalo de los “narcodólares”, Peña dijo que había personas interesadas en ensuciar su imagen y era objeto de una “propaganda negra”.
Durante las investigaciones, el fiscal Armando Juárez aseguró que Peña aparecía en el vídeo retirando el dinero en la sucursal bancaria, pero nunca se le investigó. Peña fue retirado del cargo de defensor público.
Julissa Carolina Bonilla, ex juez de Tipitapa, otra de las implicadas, expresó irónicamente que no apeló de la resolución de la Corte y que continúa ejerciendo su profesión, a pesar de que la sanción se lo impide.
“Yo estoy trabajando y no tengo ningún problema; estoy ejerciendo mi profesión de abogado y notario”, dijo telefónicamente antes de colgar de forma intempestiva.
El ex juez Julio Morales y la abogada Astrid Berenice Bracamonte no pudieron ser localizados por LA PRENSA.
