Más de 500 millones de dólares de inversión turística podrían estar en peligro si las instituciones estatales no se ponen de acuerdo en quién debe exigir la garantía ambiental que mandata la Ley de Delitos Ambientales.

Así lo dio a conocer este martes Raúl Calvet, miembro de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Calvet dijo que ahora mismo hay al menos dos grandes proyectos hoteleros que no han avanzado porque no saben ante quién presentar la garantía económica por daños al medio ambiente.

Aunque la suma es alta, el empresario turístico indicó que podría ser aún mayor, si se toma en cuenta que esa garantía aplica para todo tipo de industria.

Calvet dio estas declaraciones durante una exposición de las debilidades de la Ley 559, promovida por la organización Konrad Adenauer.

El especialista en temas ambientales, Darwin Juárez, demostró porqué esta ley todavía no encaja en la realidad nicaragüense, y llegó a la conclusión de que su creación fue buena, pero necesita una moratoria, debido a que Nicaragua no está preparada para su aplicación.

Juárez opinó que debe promoverse aún más el cuido de los recursos naturales entre la población, y brindar la capacitación y tecnología necesaria a las alcaldías, que son las administradoras primarias de estas riquezas del Estado.

Kohar Peñalba, representante de Konrad Adenauer, coincidió con Juárez en que la ley no funcionará mientras se siga castigando a los pequeños infractores y no a los grandes que destruyen los recursos del país.