La Administración del ingeniero Enrique Bolaños, a través del Intur y la DGI, en acuerdo con las cámaras de turismo Canatur, Cantur y Canimet, promueve en la Asamblea Nacional la aprobación de la ley BIT (Bonos de Incentivo Turístico) antes de concluir su mandato presidencial.
El Gobierno está tratando de lograr la aprobación de la ley de inversión turística comprometiendo directamente a la DGI ante la Asamblea Nacional. La Ley de Incentivos Turísticos concede a las empresas propietarias de proyectos turísticos el derecho de ofertar públicamente sus acciones hasta en un 70 por ciento del capital inicial, a través de bonos de inversión turística (BIT) los que podrá redimir el reinversionista con los recursos obtenidos en concepto de impuestos.
A las empresas establecidas con el fin de explotación turística y constituidas legalmente como entidades mercantiles, el Estado las faculta a utilizar como fuentes de pago (recursos para redimir una obligación por inversión), por medio de los bonos, el equivalente monetario a lo recaudado en concepto de IVA e IGV que correspondería a la recaudación fiscal.
La DGI trata de mejorar la Ley de Incentivos Turísticos proponiendo que el 7 por ciento del capital accionario acordado, que correspondería al Estado, sea otorgado al inicio de operaciones de las empresas turísticas y no al noveno año como se había planteado al momento de la creación de la ley, lo que traería participación inmediata del Estado sobre el capital de la inversión privado.
La DGI se presta a un papel ambiguo con la ley BIT, cuyo dictamen contempla las graves repercusiones en la recaudación fiscal de los próximos años. En su primera evaluación se considera una pérdida de hasta 700 millones de córdobas que castigarían directamente las arcas del Estado, pero aún así sigue promoviendo la aprobación de dicha ley en las postrimerías de la actual legislatura.
El experto fiscal Julio Francisco Báez, hizo un llamado a los diputados a considerar cuidadosamente la aprobación de dicha ley, pues a su juicio el objetivo principal es el financiamiento de millonarios proyectos turísticos con fondos públicos.(END 13/11/06 ) Los inversionistas no necesitarían de esta ley si contasen con recursos financieros sólidos.
El recién electo presidente Ortega deberá tener sumo cuidado con esta ley. La administración Ortega deberá impulsar la atracción de recursos externos para fortalecer la economía local, sin embargo, los subsidios o exoneraciones crean mutilación de capital estatal y repercuten directamente en la disponibilidad financiera gubernamental para dar cobertura a las demandas sociales.
El Gobierno del presidente Ortega recibirá una economía en recesión, los compromisos sociales contraídos con nuestro pueblo no le permitirán el recurso del beneficio de exoneraciones o subsidios al capital privado, el Estado como tal no es una entidad creadora de riquezas para una nación, éstas se obtienen de la inversión privada, a la que hay que brindarles las condiciones estructurales sociopolíticas para poner a trabajar y desarrollar su capital económico.
El éxito del gobierno del comandante Ortega se fundamentará en el entendimiento con todos los sectores de la sociedad, por lo que, los grupos políticos representados en la Asamblea Nacional deberán apoyar la aprobación de leyes en beneficio del país y los intereses financieros deberán contribuir decididamente en el desarrollo de la economía a través de la inversión privada.
La promoción del turismo deberá ser orientada a la captación de riquezas a través de la inversión privada y no a la descapitalización del Estado con exoneraciones, incentivos o subsidios que provocan fuga de recursos propios que tanto necesita el erario nicaragüense.
