La juez Primero de Distrito de lo Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, falló a favor de mil 248 demandantes pertenecientes a los departamentos de León y Chinandega, quienes enjuiciaron por daños físicos, psicológicos y morales, contra cinco de diez empresas transnacionales.
Aunque mil 701 personas solicitaron indemnización por las secuelas físicas y psicológicas, la juez Toruño no dio lugar a 442 personas, que se dijeron sentirse afectadas cuando trabajaron en los plantíos bananeros donde se utilizó el Dibromocloropropano (DBCP), como fungicida.
El bufete Provost & Umphrey interpuso la demanda en el año 2001, en al menos siete juicios separados. La sentencia conocida el fin de semana es el segundo fallo donde se cubren al menos seis demandas acumuladas contra las transnacionales y aún quedan pendientes dos que se encuentran en período de pruebas.
EL FALLO
Barnard Zavala, abogado acusador, dijo que este fallo suma un monto de más de 804 millones de dólares y que la judicial ordena el pago a cada víctima, según el grado de afectación que indican los parámetros internacionales.
Cinco de las diez empresas comercializadoras del DBCP fueron condenadas en dicha sentencia, resultando afectadas Standart Fruit Company, Dole Fruit Company, Down Chemical, Shell Oil Company y Occidental Chemical.
Absolviendo del proceso a Dole Fresh Internacional Limited Company, Chiquita Brand Internacional, Del Monte Fresh Product Company y Del Monte Tropical Fruit Company
LAS EVIDENCIAS
Zavala explicó que entre las evidencias presentadas a la juez Toruño se menciona documentación interna de estas compañías que en el año 1957 realizaron muestras de laboratorio que revelaban que el uso del DBCP causaba daño a los riñones y además de esterilidad.
También se presentó a la judicial un memorando fechado el 15 de septiembre de 1977, remitido por la Organización de Protección al Medio Ambiente a la empresa comercializadora Occidental Chemical, donde se prohibía el uso en Estados Unidos.
Según Zavala, estas mismas compañías indemnizaron a un grupo de trabajadores en Estados Unidos, que resultaron afectados por el pesticida, monto de los cuales se tomaron como referencia para favorecer a las víctimas del occidente del país.
Hasta este momento, ninguno de los fallos dictados a favor de los afectados en Centroamérica han sido indemnizados, pero curiosamente en Nicaragua todos los fallos quedaron estancados en el Tribunal de Apelaciones de occidente.