Para la licitación de la carretera de Chinandega-Guasaule, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) habría utilizado como base de costo, información que le envió la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Viviendas (Soptravi) de Honduras, y desestimó los estudios técnicos, realizados por empresas en el país.
El fiscal Elton Ortega informó que, de acuerdo a las investigación del caso, han podido constatar que los estudios técnicos inicialmente calcularon la obra en unos 18 millones de dólares, pero a través de un proceso de actualización de precios, se estableció que la construcción de la carretera tenía un costo de casi 21 millones de dólares, sin impuestos.
Pero en el proceso de licitación, la obra le fue adjudicada a la empresa mexicana Tradeco Infraestructura S.A., a un precio de 30 millones de dólares, muy por encima de los cálculos técnicos sugeridos por las empresas que ya habían realizado un estudio sobre este proyecto.
El Ministerio Público investiga este caso desde febrero de este año, tras conocer las denuncias de los medios de comunicación que empezaron a señalar las irregularidades, detectadas en la ejecución de este proyecto, que aún está sin concluir.
El fiscal Ortega señaló que, en la investigación, lograron obtener la versión de todos los miembros que conformaron el comité de licitación que se organizó en el MTI, para la adjudicación del proyecto.
En sus declaraciones coinciden en que, por información obtenida en el MTI de la institución homóloga en Honduras, el precio de la obra se fijó en 35 millones de dólares.
La información que éstos enviaron se basó en los resultados de otros proyectos similares que ejecutaron en ese país, que a su vez fue comparada con el proyecto que el Ministerio de Transporte e Infraestructura tenía planificado ejecutar en Chinandega.
El fiscal señaló que la solicitud fue realizada expresamente por el titular del MTI en ese momento, Pedro Solórzano, quien a su vez habría ordenado que en base a esa información se estableciera el precio base en el proceso de licitación.
“Entonces se apartaron todos los estudios que habían en Nicaragua sobre el proyecto y procedieron a llevar a cabo la licitación en base a las recomendaciones que le dio la institución homóloga de Honduras”, expresó el fiscal Ortega, quien también señaló que esas recomendaciones no son un instrumento confiable para estimar el precio de una obra tan costosa.
El fiscal Ortega manifestó también que los funcionarios del MTI entrevistados aseguran que en la historia del país no se había visto que los cálculos de una licitación de una obra se hicieran en base a una recomendación de una institución homóloga de un país vecino.
La decisión para que se realizara de esa manera fue adoptada por el ex titular Solórzano.
