Las elecciones nacionales del 5 de noviembre recién pasado, pusieron en evidencia la imperiosa necesidad de una amplia y profunda reforma democrática al sistema político de Nicaragua.

Cabe aclarar que, a nuestro juicio, la necesidad de la reforma política democrática no se debe únicamente a que Daniel Ortega ganó la elección presidencial con un minoritario 38 por ciento de la votación y que su nuevo gobierno creará en el país una nueva y aun incierta situación política y social, pero en todo caso sustancialmente distinta a la que prevaleció desde 1990. En realidad, la reforma democrática es una necesidad objetiva y estructural del sistema político nicaragüense, e igual de perentoria hubiese sido en el caso de que la elección presidencial la hubiesen ganado Eduardo Montealegre de ALN o José Rizo del PLC.

Hablamos de reforma política en general, no sólo de reforma electoral, porque a nuestro juicio la modificación que necesita el país va más allá de lo específicamente electoral. Incluso la reforma constitucional que impulsó el ahora presidente electo sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, junto con el caudillo del PLC, Arnoldo Alemán, para cambiar el régimen de gobierno de Nicaragua —de presidencialista a semi parlamentario— , debería ser reformada si en realidad se quisiera aplicar durante el período presidencial de Daniel Ortega.

Ciertamente, si se quisiera implementar un nuevo sistema de gobierno que sea más democrático y eficaz que el presidencialista; y si la reforma constitucional del año pasado que todavía no entra en vigencia no fue sólo para sabotear al gobierno del presidente Bolaños con el cercenamiento de sus atribuciones gubernamentales, entonces se le deberían adicionar algunos de los principales atributos del sistema parlamentario de gobierno, como por ejemplo, la separación de los cargos y funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno y la potestad del primero de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, cuando así lo justifique la situación del país.

Pero la verdad es que, siendo realistas, lo que se podría y debería hacer de inmediato para fortalecer la estabilidad institucional y la gobernabilidad política del país, es postergar indefinidamente la reforma constitucional del año pasado, o derogarla de una sola vez y hacer las reformas electorales y políticas en general que sí son necesarias y viables.

Algunas de las reformas democráticas que necesita el sistema político de Nicaragua, son impostergables y deberían ser aprobadas cuanto antes, a menos que se quiera seguir manteniendo al país en la penosa condición de república banana. Tales reformas son: prohibición absoluta de la reelección presidencial; elección directa y personal de cada diputado así como definición de un sistema claro para la asignación de los escaños; reducción del número de diputados y limitación de su posibilidad de reelección; requisito de más del 50 por ciento de los votos para ser elegido presidente de la república o al menos regreso al umbral electoral del 45 por ciento; integración de un Consejo Supremo Electoral independiente del gobierno y los partidos políticos; supresión de las diputaciones regaladas para los candidatos que queden en segundo lugar en la elección presidencial y los ex presidentes y vicepresidentes de la República; limitación y control de los gastos electorales del CSE y de los partidos y alianzas que participan en los comicios; cedulación de los nicaragüenses que residen en el extranjero y regulación de su derecho al voto, etc.

Como comentamos en esta misma sección editorial de LA PRENSA el martes de la semana pasada —28 de noviembre, 2006— Nicaragua es un país que está catalogado internacionalmente entre los que tienen un régimen político híbrido, es decir, que cuentan con instituciones democráticas pero su funcionamiento es distorsionado por el autoritarismo. Adicionalmente, Nicaragua es dominada por caudillos corruptos que lo mantienen como uno de los países más pobres e insolventes económicamente del planeta.

Esta situación oprobiosa sólo podría comenzar a cambiar por medio de una reforma constitucional y electoral como la que están proponiendo diversos organismos cívicos y dirigentes políticos democráticos. Y además se debería considerar que cualquier reforma, para ser democrática y eficaz tendría que ir acompañada con el cambio de las cúpulas políticas que controlan los poderes del Estado, las cuales han demostrado una absoluta incapacidad moral, política y profesional para gobernar a los nicaragüenses de manera correcta, justa, eficiente, honesta y transparente.