El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que ha extendido el waiver, la excepción anual gracias a la cual se otorga ayuda y préstamos a Nicaragua, en la medida de que se resuelvan los reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses.

Este año, sin embargo, el avance del Gobierno de Nicaragua se medirá en tres metas, siendo una de ellas, “la resolución de reclamos en poder del Ejército de Nicaragua, incluyendo personal en servicio activo, y el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM)”.

El IPSM reúne las importantes inversiones que garantizan el sistema de seguridad social de los militares.

La Policía Nacional no se libra de la lupa estadounidense. La segunda meta establece “la devolución de propiedades en poder del Gobierno de Nicaragua o indemnización de las mismas, incluidas propiedades arrendadas por la Cornap a cooperativas u otras entidades, así como aquellas que están bajo control de la Policía Nacional”.

La primera meta es que, a partir del primero de agosto de este año, se produzca “la exitosa resolución de una cantidad significativa de reclamos registrados en la base de datos de la embajada”.

Todavía existen 712 reclamos pendientes de resolución, indica la Embajada.

La prohibición de ayuda que ha logrado evitar Nicaragua, está contenida en la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de EE.UU.