A lo largo de la historia, hasta hace unos cuantos años, siempre se miró con desprecio a las personas con discapacidades y en el mejor de los casos se les trató con compasión. De hecho, las personas con discapacidad siguen siendo víctimas de diversas discriminaciones, pero eso no impide reconocer que también se ha avanzado bastante en el reconocimiento a su dignidad y sus derechos, que son sin duda iguales a los de todas las demás personas.
Cabe hacer esta reflexión a propósito de que ayer se celebró en Nicaragua el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Al respecto cabe señalar que hay también un Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se originó en 1981, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró el Año Internacional de los Impedidos. En aquella ocasión la ONU aprobó un Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad —que es como se les llama ahora con más exactitud y consideración— y convocó a celebrar de 1982 a 1993 el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Desde entonces quedó establecido el 3 de diciembre de cada año como Día Mundial de las Personas con Discapacidad, sin perjuicio de que cada país celebre días o semanas nacionales en cualquier mes del año, como es el caso de Nicaragua que tiene el 25 de agosto como el Día Nacional de los Discapacitados y toda una semana de actividades a su alrededor.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en junio de 1999, en Ciudad Guatemala, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en la que se define a ésta como “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. Y obliga dicha Convención, a los Estados Miembros de la OEA y suscriptores de la misma, como supuestamente es el caso de Nicaragua, a: “Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole”.
Según estimaciones de organismos internacionales, actualmente hay en todo el mundo unos 600 millones de personas con discapacidad, o sea más o menos el 10 por ciento de la población mundial. Y calculan que un ochenta por ciento del total de discapacitados que hay en el planeta vive en los países subdesarrollados, como Nicaragua, donde según datos oficiales hay por lo menos medio millón de personas con esa característica, lo que equivale a la media mundial del 10 por ciento de la población.
El propósito de las declaraciones, convenciones y celebraciones internacionales sobre los discapacitados, es fomentar la integración en la sociedad de esa enorme cantidad de personas que tienen alguna discapacidad y promover la igualdad de oportunidades, según se dice en uno de los sitios electrónicos de la ONU. Y fomentar la integración de los discapacitados en la sociedad significa erradicar la cultura del menosprecio y la discriminación hacia ellos, pero no sólo de palabra sino también mediante obras concretas que parten de hechos elementales, como por ejemplo la construcción de rampas de acceso en las calles y edificios de servicios públicos y comerciales, así como facilitarles el acceso a los empleos que ellos tienen capacidad de desempeñar.
Cabe destacar que los discapacitados de Nicaragua han aprovechado la coyuntura electoral que vive el país este año, para demandar facilidades que les permitan el ejercicio efectivo de su derecho a votar sin restricciones de ninguna clase, la cual es una demanda legítima que la sociedad debe respaldar.
En Nicaragua, igual que en todas partes del mundo, se ha avanzado bastante y sobre todo en materia jurídica y legal, en el reconocimiento a la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad. El Estado nicaragüense está comprometido hacia fuera y hacia adentro, a promover la integración social de los discapacitados y a respetar y hacer valer sus derechos. Pero queda mucho que hacer y hacerlo es un compromiso que no sólo el Estado sino también la sociedad y los ciudadanos debemos asumir con responsabilidad y sentido de solidaridad.
