Para personas que trabajan en el ámbito educativo, la reforma a la Ley General de Educación es un indicativo de que los diputados sandinistas se están “retractando”, con el propósito de que el partido que representan, si gana las elecciones, no se vea “amarrado” y no tenga que entregar un porcentaje de los ingresos tributarios a la educación.
“Los sindicatos, como ya sabemos, son regidos por un sandinista. José Antonio Zepeda es sandinista”, afirmó Josefina Vannini, directora del Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos).
“Con la posibilidad de que Daniel Ortega (candidato del Frente Sandinista) gane las elecciones, no quieren dejar al gobierno de Ortega amarrado con una ley que obligue a pagar el cinco por ciento de los ingresos tributarios a Educación”, añadió Vannini.
“Creen que va a ganar el sandinismo y no quisieron amarrar con obligaciones una ley que después se les va a revertir a ellos en contra, porque lo tendrían que hacer y saben que en el fondo era una ley inviable”, opinó.
Vannini remarcó que las reformas fueron una “manipulación”, porque el artículo 91 de la Ley General de Educación (Ley 582) asignaba un cinco por ciento de los ingresos tributarios, y desde que la ley estaba en discusión se advirtió que no era viable.
“Ese cinco por ciento, si hubieran sido conscientes, los diputados no lo hubieran aprobado nunca, porque ya se sabía que era una cosa totalmente inviable”, aseguró Vannini.
Miguel Ángel García, ministro de Educación, apoyó el planteamiento de Vannini y aseguró que las reformas hacen a la Ley 582 posible de ejecutar.
“La reforma lo que hace es habilitar la ley para que se pueda poner en ejecución. Como fue aprobada, la Ley General de Educación era imposible de ponerla en ejecución, porque se lleva todos los recursos para la Educación, y los otros ministerios, la Policía, el Ejército, desaparecen porque no va a haber recursos”, explicó García.
El diputado sandinista José Antonio Zepeda sostuvo que la Ley General de Educación sí era viable, aunque por el bien del país decidieron reformarla.
“El FMI establece que desaparezcan los artículos 91 y 102 o sacarán a Nicaragua del programa económico y, por el bien del país, decidimos hacer una fórmula de cálculo del presupuesto educativo”, detalló Zepeda.
En la nueva forma de cálculo se establece que el presupuesto debe ser mayor al del año anterior, tomar en cuenta la inflación, las políticas de gobierno y el incremento al salario de los maestros.
Zepeda negó que las reformas fueran exclusivas de los sandinistas y recordó que, el 2 de agosto, la bancada liberal ofreció una conferencia de prensa anunciando las reformas y diciendo que hasta habían acordado un incremento para los educadores.
ANDEN, único sindicatonegociador
La reforma de la Ley 582 establece que en las negociaciones para el incremento del salario del magisterio solamente participarán los sindicatos que tengan carácter nacional, en este caso sólo la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) que es la que cumple con ese requisito.
Josefina Vannini, de Eduquemos, reprochó que sólo ANDEN participe de las negociaciones. “Tiene que haber un representante independiente de los otros maestros que no se sienten representados por ANDEN”, recomendó.
García considera que ANDEN es la que aglutina a más maestros y que las reformas son algo “racional”.
“Lo que se está haciendo es una cosa racional, consensuada con la Comisión Nacional de Educación, Hacienda, y ANDEN que es la fuerza mayoritaria dentro del sindicato de los educadores”, opinó.
