Hace casi dos años y medio en entrevista con LA PRENSA el Secretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, José Antonio Ocampo, afirmaba que Centroamérica y países en particular como Honduras y Nicaragua y regiones como las indígenas de Guatemala, seguirían siendo destinos prioritarios de la cooperación internacional.
Pero al mismo tiempo señaló que al igual que la mayoría de naciones de América Latina, los países de la región debían acompañar esa ayuda “con el esfuerzo local”, es decir aumentando las recaudaciones fiscales, sostuvo en su oficina en el complejo de Naciones Unidas en Nueva York.
¿Y desde entonces qué ha pasado? Según diversas fuentes, poco. Los países centroamericanos logran recaudar en ingresos tributarios, en promedio cada año, el equivalente al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque otros aseguran que el promedio baja hasta el 13.5 por ciento del PIB regional, el cual rondó el año pasado los 83 mil millones de dólares.
Pero los análisis coinciden en destacar los esfuerzos emprendidos por Honduras y Nicaragua, los dos países más pobres de la región, para lograr aumentar sus ingresos tributarios al punto que ahora se destacan como los países que tienen la más elevada carga tributaria: 17.2 y 17 por ciento, respectivamente, al término del 2005, según el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA).
El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana, confirma que la carga tributaria de Nicaragua es una de las más altas de la región centroamericana, ligeramente inferior a la de Honduras.
Sin embargo, sostiene que este nivel continúa siendo bajo, si se toma en cuenta otros parámetros, como en países con medianos ingresos, cuya carga tributaria es del 22 por ciento, mientras que en los países desarrollados la carga es del 33 por ciento.
Arana considera que el principal problema no necesariamente es el de la carga tributaria, sino el peso de las exoneraciones fiscales y la evasión que juntas pueden sumar más de 4,000 millones de córdobas.
Un estudio realizado por un grupo de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) refiere que, efectivamente, los estados centroamericanos al tener en general en promedio una baja recaudación tributaria enfrentan en consecuencia una falta de recursos que hace que “el gasto público sea insuficiente y de baja calidad, y genere déficit fiscales crónicos que son financiados mediante endeudamiento”.
“En estas economías abiertas que necesitan afianzar la competitividad internacional de sus empresas, la política fiscal se vuelve el factor crítico para financiar la infraestructura física y social requerida y, a la vez, combatir los altos niveles de pobreza que todavía afectan a cerca del 40 por ciento de la población. Por lo tanto, para el desarrollo económico de Centroamérica es indispensable efectuar reformas de segunda generación que modernicen los sistemas tributarios y que recauden en promedio unos cuatro puntos porcentuales más de PIB”, recomienda el estudio.
MAYOR EN NICARAGUA
Según un análisis de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) entre 1990 y 2004 la carga tributaria ha aumentado en los países centroamericanos, en algunos casos “con variables notables” como en Nicaragua, y en otros “con cierta variabilidad que pone de manifiesto, precisamente, las dificultades de llegar a acuerdos duraderos sobre el monto total de recursos que debe asignársele al Estado”.
En ese sentido, la carga tributaria regional promedio “aumentó modestamente” de un 10.6 por ciento en el período que va de 1990 a 1994, a un 12 por ciento en el período del 2000 al 2004.
Los países que más elevaron su carga entre estos dos períodos fueron Nicaragua que la elevó en 3.6 por ciento con respecto a su PIB, Costa Rica en 2.7 por ciento y Guatemala en 2.3 por ciento.
EN DOS GRANDES GRUPOS
Pese a las fluctuaciones de la carga tributaria, para la CEPAL tienden a prevalecer dos patrones o grupos de países: aquellos con una carga tributaria alrededor del 15 por ciento como los casos de Honduras y Nicaragua, y aquellos con una carga tributaria alrededor del 10 por ciento como Guatemala y El Salvador.
“Nicaragua tiene la mayor carga tributaria de Centroamérica. Ello es el resultado de dos factores: primero, el bajo nivel y limitado crecimiento de la carga tributaria en los demás países y, segundo, efectivamente, un aumento de cierta significación de la carga tributaria en Nicaragua, en parte como consecuencia de la Ley de Equidad Fiscal aprobada en 2003”, destacó Juan Alberto Fuentes, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con sede en Guatemala.
“El problema es que esta carga se distribuye de manera extremadamente inequitativa en Nicaragua, ya que los que menos tienen pagan proporcionalmente más impuestos que quienes perciben más ingresos. En otras palabras, la forma en que se aplican los impuestos en Nicaragua resulta en una mayor concentración del ingreso”, añadió en entrevista vía correo electrónico.
Fuentes destacó que en otros países, como en Costa Rica, hubo un gran esfuerzo de parte de la Asamblea Nacional pasada, para aprobar un “paquete” grande de reformas, y que se calificó como un posible Pacto Fiscal, pero esta iniciativa fue detenida por cuestionamientos de carácter constitucional.
Actualmente se discute la posibilidad de lograr avances parciales y no del paquete en su conjunto.
En otros como en Guatemala, la semana pasada el Congreso y una comisión de los Acuerdos de Paz convocaron a un grupo de especialistas en el tema para relanzar el Pacto Fiscal de ese país, ya acordado en el 2000, pero que requiere ahora especificar acciones concretas, tanto en materia de gasto público como en materia de ingresos.
EL GASTO SOCIAL Y LAS INVERSIONES
¿Por qué es importante aumentar los ingresos tributarios? Fuentes responde que por dos razones.
Primero, la reducción de aranceles que resulta de la entrada en vigencia del tratado del libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), junto con el número creciente de exenciones y exoneraciones, está reduciendo la base tributaria actual.
Segundo, añade, que aprovechar las oportunidades que brinda el acuerdo comercial y reducir sus costos requiere “cuantiosas inversiones” en educación, tecnología, organización e infraestructura.
“Sin este apoyo público adicional tendremos un ‘sálvese quien pueda’ que no le conviene a ningún país y que solamente beneficiaría a los más fuertes”, subraya.
Al respecto, Arana sostiene que el incremento de los ingresos tributarios, ya sea por reformas tributarias o la reorientación del gasto, en principios son imprescindibles si se quiere alcanzar un tipo de sociedad con mayor equidad y crecimiento.
“Una mayor recaudación tributaria permitirá garantizar un nivel de gasto adecuado que apunte hacia dos direcciones: una relacionada con el crecimiento económico y otra dirigida hacia la reducción de la pobreza”, añade.
La primera, detalla, debe estar dirigida a la inversión en infraestructura como un elemento esencial para aumentar la competitividad de la economía reduciendo costos, y la segunda a la inversión en capital humano y protección de los grupos vulnerables.
Pero insiste en que el talón de Aquiles continúan siendo las exoneraciones y la evasión fiscal.
Para tratar el asunto se ha promovido una iniciativa impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la creación de algo que podría ser un “Código de ética” centroamericano que permita la armonización de las exoneraciones fiscales que ortorgan los países. A su juicio se debe pensar en otros aspectos que son igualmente valiosos para los inversionistas.
Esto lo ilustra el ex Ministro de Hacienda de Costa Rica, Fernando Herrero Acosta, ahora regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, al sostener que las inversiones ven atractivo un país en la medida que este ofrezca otro tipo de atractivos como la infraestructura, la educación y la salud, entre otros aspectos.
Mientras esto ocurre, el debate tributario continua generando opiniones diversas en el istmo, quizás en unos países más que en otros.
