Recientemente en Managua tuve oportunidad de participar en la Segunda Conferencia Internacional sobre el Dinero en la Política, donde panelistas de alto nivel y conocimiento nacional, regional y mundial abordaron este decisivo tema para la democracia. Todas las naciones democráticas enfrentan hoy el reto que plantea la influencia del dinero en el quehacer público, en la búsqueda y manejo del poder en regímenes democráticos. Lo que varía es cuánto se ha avanzado en cada país sobre este tema de tan difícil manejo, ya que en realidad ningún país parece tener el asunto resuelto a cabalidad o siquiera a satisfacción suficiente. Esto no significa, naturalmente, que no existan avances en algunas partes que deben constituir aspiraciones y necesidades en otros.
Para iniciar debo decir que el tema va más allá del simple financiamiento de campañas. La influencia del dinero privado en la política abarca todo el tiempo y toma diversas formas de apoyo económico en efectivo o especie a partidos, candidatos y aún funcionarios electos. Hago notar las palabras, “financiamiento privado”, pues normalmente se estila realizar los análisis a partir de los grandes tipos de financiamiento político: el soporte estatal o público por una parte, y el aporte de fuentes privadas, personales, empresariales y aún extranjeras, por otra, precisamente porque ambos generan problemáticas diferentes.
En particular, el dinero público o estatal sólo presenta un reto global, el de la equidad para todos los competidores, ya sea en la forma del financiamiento igualitario previo a las elecciones o basado en resultados logrados en votos obtenidos. En este particular, Nicaragua tiene unas condiciones de regulación y manejos bastante avanzados y aceptables de acuerdo a parámetros internacionales. La ley establece que el 1 por ciento del presupuesto de la República en un año electoral se entrega a los partidos después de las elecciones y basado en resultados. La ley se maneja bien y la ventaja de los gobiernos de turno, nacional y municipal, para usar recursos a su favor para buscar reelección está legalmente limitado y los abusos no son del orden de regímenes déspotas que se reeligen con dinero del pueblo y palo a sus opositores.
El financiamiento privado es otra cosa. Este genera al Estado y los ciudadanos problemas de control, de influencias indebidas y de desigualdad de competencia entre los actores políticos, sólo para señalar sus tres peores males. En lo que respecta al manejo del dinero privado, la situación de nuestro país es dramática. En esto estamos en el fondo del barril. Mientras en otras partes el tema es la aplicación de la ley, la capacidad de las instituciones de control, etc., aquí no se cuenta con la más mínima herramienta de control y transparencia del dinero privado y externo. Nuestra ley, en lo que respecta a financiamiento privado, no regula nada y legaliza todo. Por ejemplo, podemos decir que nuestro marco legal es aplicable sólo a los 75 días de la campaña presidencial. Para los otros 290 días del año, no hay ley que valga. Las reglas y castigos de los 75 días son aplicables solamente a los partidos y sus personeros, es decir no se aplican, ni a candidatos, ni a terceros recaudadores. No existen tampoco, montos límites a lo que un ciudadano puede donar o un candidato puede recibir.
Probablemente lo peor en términos de transparencia, es que la excepción para contribuciones anónimas se traga la supuesta prohibición de las mismas. Bajo el argumento de haber recibido los fondos en actividades de recaudación, el donante puede permanecer anónimo.
Casi a nivel de colmo, pues ya son pocos los países en el mundo que lesionan su propia soberanía, de esta manera, en Nicaragua se permiten nuevamente sin límites la contribución de personas naturales extranjeras.
Estos son, a grandes rasgos, los peores defectos en términos de derecho comparativo de nuestra legislación y, por tanto, son los grandes temas que debe abordar una propuesta de reforma a juicio de este servidor. Creo que los problemas electorales de primera generación aún no resueltos, como por ejemplo el conteo fiel de los votos y la falta de alguna independencia de la autoridad electoral, han consumido nuestra atención como ciudadanos, dejando el tema del financiamiento político en un peligroso descuido de parte de la sociedad civil. Es decir, que de seguir como hasta ahora, es muy probable que nuestras autoridades máximas y las políticas públicas, respondan o sean impuestas de manera indirecta por unas pocas personas o aún por gobiernos del exterior, sin que se esté haciendo nada para evitarlo.
