La propuesta de reformas al Código Tributario, el primero en la historia de Nicaragua, sigue generando ruido en el país, a pesar de que el Ejecutivo sostiene que hay consenso para aprobarlas cuanto antes.

Aunque en lo único en lo que todos los sectores involucrados coinciden es que la proposición está de momento en un proceso de consultas en el parlamento.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas, y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el liberal Wilfredo Navarro, confirma que están analizando los puntos de la propuesta “porque precisamente no hay consenso en todo”.

Por otra parte hay parlamentarios, algunos de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que señalan que se debe dejar “correr” la ley, en vigencia desde mayo, para entonces identificar las debilidades y corregirlas.

Entretanto expertos fiscales insisten que en todo caso cualquier reforma debe incluir las aportaciones de los contribuyentes. Navarro señala que efectivamente están en eso, es decir “evacuando” todas las demandas.

“Nos hemos reunido con los empresarios del Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), con las pequeñas y medianas empresas, con el sector aduanero y con las asociaciones de mercados... en fin con todos los sectores para conocer sus puntos de vista”, aclara Navarro.

“Tras esto le hemos solicitado propuestas al Gobierno y ya las tenemos en la comisión, de manera que en unas semanas (a finales de agosto) tendremos un dictamen sobre el tema”, asegura.

“Así es que no vamos afectar el programa económico que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque la gente del FMI nos ha dicho que con conocer el dictamen les bastará”, agrega Navarro.

DISCUSIÓN POR VARIAS VíAS

No obstante lo anterior no asegura, de momento, un dictamen favorable. Lo que sí deja claro el diputado Navarro es que no reproducirán la propuesta de reformas que les ha enviado el Gobierno

“En otras palabras no vamos a emitir un dictamen que pase fielmente la propuesta del Ejecutivo, haremos nuestras modificaciones tomando en cuenta el sentir de los contribuyentes”, manifiesta.

“Eso también tiene que quedar claro, ya que el Gobierno está queriendo confundir las cosas diciendo que el FMI demanda que la pasemos a como el Gobierno quiere y eso no es cierto”, enfatiza Navarro.

A esa confrontación se agrega otro dilema: una discusión con varías vías. Por un lado la Dirección General de Ingresos (DGI) menciona que la mayoría de los 22 artículos de la propuesta de reforma tienen consenso.

Pero dice que el pegón está sólo en dos puntos: los silencios administrativos de reposición, revisión, apelación; y las multas.

“Ya que hay sectores empresariales que quieren los silencios positivos al contribuyente, y nosotros hemos dejado que esto se rija por lo que establece la Constitución Política, la cual refiere que los funcionarios deben dar respuestas en tiempo y forma”, expone.

“Además con las multas está claro que no están dolarizadas, incluso hemos bajado el techo de las mismas indicando que deberán implicar el 20 por ciento de la obligación tributarias, mientras el recargo significará sólo el 50 por ciento de la obligación”, expresa Navarro.

La Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), por su parte, identifica como el talón de Aquiles de las reformas el decomiso, ya que está establecido como un tópico de orden normativo en la Ley del Código Tributario.

Por lo tanto, la Cámara deja entrever la demanda de garantías para no ser sujetos a abusos por parte de la entidad recaudatoria, que con el decomiso de los bienes se convierte en juez y parte.

Melvin Estrada, subdirector de la DGI, sostiene al respecto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ya mandó a la comisión económica las consideraciones sobre ese planteamiento. Aunque apunta que el instrumento no se pretende eliminar de la ley.

Navarro en esto último concuerda con el funcionario de la DGI, sin embargo, subraya que establecerán garantías a los contribuyentes para que no sean víctimas de chantajes por parte de los funcionarios.

MÁS PUNTOS EN DEBATE

A juicio del legislador las inspecciones y la información solicitada al contribuyente también entran en debate.

“Lo primero tiene que ver con las inspecciones ambulatorias y lo segundo con la información que solicita la DGI a los contribuyentes, que es exagerada al punto que éstos dicen que sólo hace falta que la institución recaudatoria les pida la huella digital”, destaca.

“La comisión en ese sentido pretende establecer garantías, y en el caso de la información vamos a delimitar los requerimientos de la DGI, no es posible que le pasen todo lo que se les ocurra”, recalca Navarro.

El experto fiscal, Freddy Blandón, manifiesta que en el cuerpo normativo de las reformas deben incidir los contribuyentes.

¿Cómo? Según el especialista promoviendo todas aquellas reformas que no sólo satisfagan las demandas de los organismos internacionales, sino también todas aquellas modificaciones que garanticen la vigencia de un cuerpo legal tributario que refuerce las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica que requiere la libre empresa.

“Sin que ello signifique de ninguna forma pone en riesgo al país frente a la evaluación pendiente ante el FMI”, refiere.

En ese sentido razona que deben encontrarse puntos de coincidencia en las multas, silencios administrativos, y en la información de la que deben proveer los empresarios a la DGI.

“Además no debe omitirse lo relacionado a las causas justas para la dispensa de multas; la figura de la Declaración Sustitutiva, tanto cuando se trate de saldos a pagar sin multas, como en saldos a favor del contribuyente”, recuerda Blandón.

“Tampoco debe obviarse la garantía de que las multas no excedan de un 20 por ciento de la obligación tributaria y la garantía que los recargos acumulados por mora no excedan del 50 por ciento del saldo”, puntualiza.