El caso del candidato presiden-
cial de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre Rivas, ha puesto al descubierto aspectos políticos y jurídicos interesantes que podrían tener su consecuencia en el ámbito electoral.
En principio, por todo lo visto hasta el momento, es casi seguro que Montealegre no escape a una causa penal en su contra por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni), pero muy frágil, precisamente por la falta de profesionalismo de los diputados.
Como siempre, los diputados hacen cosas que por su propio peso caen. Si ahora esperarán más tiempo para emitir el dictamen relacionado a los Ceni porque la Comisión de Probidad y Transparencia del parlamento decidió ampliar sus investigaciones y citar a miembros de la Contraloría General de la República (CGR) y ex miembros de la junta directiva del Banco Central de Nicaragua (BCN), en tiempos de Noel Ramírez, entonces ¿qué habían investigado?
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la mayoría de jueces que integran los juzgados de primera instancia tendría en sus manos a Montealegre, lo que le permitiría al partido sandinista administrar el caso políticamente. El FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en los Tribunales de Apelaciones están bastante equilibrados y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el asunto está similar a la instancia anterior.
Sin embargo, aunque la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional está integrada por cinco miembros del PLC y dos sandinistas, el asunto jurídico no se decide en esa institución, sino en los tribunales.
Hay algunas personas que trabajan con algunos de los partidos políticos en contienda que me han explicado que al FSLN no le conviene procesar a Montealegre porque quizás el liberalismo hasta ahora dividido se uniría contra el sandinismo. Puede ser.
No obstante, otro escenario es que este caso serviría de mucho al sandinismo para presionar a Montealegre y negociar en las mesas electorales los resultados de los votos a favor y en contra de la ALN y el FSLN, estableciéndole una cuota de diputados al político liberal.
De ser posible lo anterior sería fácil y oportuno culpar al PLC por una eventual derrota de Montealegre y se tejería con más fuerza el argumento que los liberales entregaron el poder a los sandinistas desde hace varios años para que Daniel Ortega Saavedra retorne a la silla presidencial.
Visto así el escenario político del caso de Montealegre, pero desde una perspectiva jurídica, los liberales en general deben apostar al futuro del país y no permitir que Nicaragua se sumerja nuevamente en una etapa difícil desde todo punto de vista.
Pero al margen de los vaivenes políticos, Montealegre debe ser claro, preciso y, sobre todas las cosas, sencillo con las explicaciones que se ventilan públicamente ante los nicaragüenses. Su comparecencia ante el parlamento, personalmente creo que no le ayudó mucho porque el votante no irá a leerse la cantidad de tomos que él señaló que existen sobre los Ceni. El votante quiere escuchar de él qué pasó con este caso.
Por otro lado, ya saltó el contralor sandinista Luis Ángel Montenegro, exigiendo sus cuotas de poder, así que veremos más cosas de la maquinaria sandinista.
