Instituciones del Gobierno y Organismos No Gubernamentales (ONG) se reunieron ayer para buscar una salida a la situación actual de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), sobre los cuales no existe una sola línea de trabajo hasta ahora.

La viceministra del Ambiente, Lilliam Osejo, dijo que la reunión significó el punto de partida hacia una manera definida de ejecutar los PSA, ya que las experiencias que se tienen son individuales, con características no consensuadas.

“En Nicaragua se han manejado experiencias de manera aislada sin políticas ni estrategia, al bolsazo como decimos en buen nicaragüense”, expresó Osejo.

Ante esa situación, la funcionaria dijo que lo que se busca es “ordenar el PSA, ir más allá de un instrumento ambiental, que sea un instrumento financiero donde vas a pagar a los productores por conservar el bosque, hacer reforestación, tener belleza escénica, por la venta de carbono, vas a tener beneficios de conservar los recursos hídricos”.

En este sentido, el PSA pasaría de una vez a ser una política nacional, y el Gobierno no sería la única fuente de divisas para sostener los pagos.

La viceministra ejemplificó la idea de los PSA con el caso de los hoteles en Matagalpa, que actualmente sólo pagan por el servicio de agua potable a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), pero también deberían pagar a los dueños de bosques por el agua que producen.

La apuesta es que los PSA alcancen relevancia económica en un efecto de cascada.

Así, los dueños de fincas preservan sus bosques en vez de eliminarlos, ganan dinero por eso, atraen el turismo, se fomenta el empleo y el desarrollo, y por si fuera poco aportan al Presupuesto General de la República a través de la venta de bonos de carbono.