En el primer semestre del año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) recibió 244 denuncias de ciudadanos por violaciones a sus derechos labores.
Los despidos de sindicalistas, como el caso de Dolores Roblero, quien a pesar de ser la Secretaria de organización del sindicato de la empresa KB Manufacturing, fue despedida el pasado primero de agosto, es sólo una muestra.
De acuerdo a Irela Alemán, miembro del equipo de defensa del Cenidh, las violaciones a los derechos laborales no sólo se reflejan en los despidos masivos a sindicalistas, sino a las suspensiones laborales innecesarias, en la inestabilidad laboral y en el no pago de las prestaciones sociales a los empleados.
“Los trabajadores se enfrentan a grandes problemas con las patronales, y para colmo hay una evidente falta de tutela de parte del Ministerio del Trabajo”, dijo Alemán.
De acuerdo a Alemán, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) “ignora de manera rutinaria las conductas antisindicales en las empresas y obstaculiza las inscripciones de los grupos sindicales”.
Luis Barbosa, representante del Frente Nacional de los Trabajadores, concordó con la defensora de derechos humanos.
A juicio de Barbosa, falta más regulación para las actividades laborales dentro y fuera del país, cuando los trabajadores emigran para buscar mejores empleos.
TRABAJADORES VULNERADOS E ILEGALES
Barbosa explicó que algunas empresas de construcción en el país están llamando a obreros de la construcción, para ofertarle supuestos mejores empleos en otros países de la región.
Cuando finalmente los trabajadores emigran, son maltratados porque no se les paga de acuerdo a las leyes, ni el pago de horas extras y mucho menos se les respeta el tiempo de descanso. Todo eso, agravado con el hecho de que los trabajadores permanecen de manera ilegal.
El caso más reciente fue de once trabajadores nicaragüenses que emigraron a El Salvador, donde laboraron por algunas semanas para una empresa de construcción, los que luego de muchos maltratos, regresaron al país.
Los afectados realizaron la denuncia ante el Cenidh y ante el Mitrab. Durante la denuncia, se especificó que una empresa de construcción de nombre Castaneda fue la encargada de buscar a los trabajadores, quienes emigraron posteriormente.
Los funcionarios de la empresa ya acudieron ante el Mitrab, y se comprometieron a investigar la situación.