Los nicaragüenses tendrán 15 días más (hasta el 21 de agosto) para solicitar su cédula de identidad y así tener derecho al voto en los comicios del próximo cinco de noviembre.
El parlamento aprobó ayer en lo general con 69 votos a favor y ninguno en contra, y luego en lo particular, la Ley Especial que amplía el plazo para que los ciudadanos mayores de 16 años tramiten y obtengan su cédula de identidad.
El presidente Enrique Bolaños mandó a publicar esa ley en La Gaceta, diario oficial, ayer mismo, por lo cual la prórroga ya está en vigencia.
El calendario electoral establecía que hasta mañana domingo, seis de agosto, los ciudadanos podían solicitar su cédula de identidad, sin embargo los diputados decidieron dejar como fecha límite el 21 de agosto, tras aprobar una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.
El Movimiento por Nicaragua y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), estiman en ochocientas mil las personas que no todavía no tienen su cédula.
“Por esta vez, se amplía hasta el 21 de agosto de 2006 inclusive, para que los ciudadanos mayores de 16 años concurran ante las autoridades del Consejo Supremo Electoral a fin de tramitar la solicitud de su cédula de identidad, y de esta manera puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones del cinco de noviembre del 2006”, estipula el artículo uno de la Ley Especial aprobada.
“Para el buen desarrollo de las elecciones del cinco de noviembre del 2006, la modificación del calendario electoral consecuencia de la presente ampliación, se considera materia electoral”, concluye el artículo uno de la disposición legal.
Los diputados consideraron en el plenario que la ampliación del período de cedulación compromete la entrega del padrón electoral, sin embargo señalaron que se puede cumplir con los tiempos legales.
El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, dijo el jueves que la prórroga dará menos tiempo para depurar el padrón electoral y que se aumentará la emisión de documentos supletorios, además de que modificará la cartografía electoral.
Las autoridades estiman en 3.4 millones de personas las aptas paras ejercer su derecho al voto. Además, que 190 mil nicaragüenses no han retirado su cédula y que doscientas mil cédulas se encuentran en trámite.
ALN propone instituto de cedulación
El actual proceso de cedulación ha recibido innumerables denuncias, debido a que acusan, en mayor medida, al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en menor medida al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de controlar el trámite de esos documentos de identidad.
La diputada por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Delia Arellano, propuso ayer la creación de un Instituto de Cedulación, para evitar la politización en ese aspecto.
“Vamos a hacer propuestas para que la cedulación sea un instituto autónomo, con personas honestas, capaces, aparte totalmente de lo que son los procesos electorales”, explicó Arellano.
PLC culpa a alcaldías sandinistas
Durante el debate, los diputados del PLC acusaron a las alcaldías administradas por los sandinistas de obstaculizar el proceso de cedulación, al supuestamente negar o condicionar la entrega de las partidas de nacimiento actualizadas.
La jefa de bancada del PLC, Lilliam Morales Tábora, acusó al alcalde sandinista de Posoltega, Carlos Tercero Huete, de cerrar arbitrariamente las oficinas de esa dependencia, para impedir la entrega de partidas de nacimiento.
El vocero del PLC, Leonel Teller, también acusó a las alcaldías sandinistas de cobrar o negar las partidas de nacimiento a los que no pertenecen al FSLN y de entregarlas gratuitamente a sus militantes.
FSLN rechaza
La diputada del FSLN, Alba Palacios, rechazó los señalamientos en contra de los funcionarios de su partido.
“¿Cómo va a conocer un alcalde, un equipo de la Alcaldía, a cienes y miles de ciudadanos en un municipio, para saber quiénes tienen la gorra roja o la gorra rojinegra?, es imposible y pura manipulación”, sostuvo Palacios.
Magistrados vagos, dice Rodríguez
Por su parte, el también diputado del PLC, Maximino Rodríguez, culpó tanto a los magistrados del CSE, como a los demás funcionarios, de ser “vagos” y retrasar el proceso de cedulación.
“Esos magistrados vagos del Consejo Supremo Electoral, y lo digo en plural, que apliquen la ley y que ordenen a sus funcionarios que se deben a la ley”, dijo Rodríguez.
