El Ministerio Público tiene casi lista la acusación que presentará en los tribunales de justicia en contra de la notario uno de la Procuraduría General de la República (PGR), Morena Isabel Avilés Serrano, por estelionato, falsificación de documentos y otros delitos.
La acusación —extensiva para Claudia Lisseth Vásquez y Reina de Fátima Rayos Banilla— se refiere a las propiedades frente a la Playa de Quizalá, donde las tres mujeres supuestamente se coludieron para vender terrenos, ubicados a orillas del mar y que pertenecen al municipio San Rafael del Sur, informó ayer Georgina Murillo, fiscal auxiliar del Ministerio Público, a cargo de la investigación del caso.
La notario uno habría vendido esas propiedades mucho tiempo antes de ingresar a laborar en la PGR, con el argumento de que eran parte de unas 295 manzanas de tierra, pertenecientes a Claudia Lisseth Vásquez.
La fiscal Murillo informó que en las investigaciones han logrado reunir las suficientes pruebas para sostener cargos en contra de la notario uno y resto de personas señaladas.
En su defensa, Morena Isabel Avilés Serrano alegó ante el Ministerio Público hace algunos días, no tener nada que ver en el asunto y que en esas transacciones su papel fue únicamente el de servir como notario.
Pero sus afirmaciones se contradicen con los recibos elaborados de su puño y letra, que le extendió a los afectados, en concepto del dinero que éstos le entregaban por la compra de los terrenos.
Según Murillo, como abogada Avilés Serrano sabía que de acuerdo a las leyes del país, los terrenos a orillas del mar, de los lagos o de las riberas de los ríos no se pueden vender, más sin embargo, ella y las otras mujeres vendieron los terrenos en la Playa de Quizalá, y hasta los estuvieron ofreciendo en Internet en el extranjero.
La acusación de la Fiscalía se realizará únicamente en representación de tres denuncias, pero LA PRENSA conoció que el número de afectados sobrepasa las 20 personas.
Por cada terreno cobraban un precio que oscilaba entre los cuatro mil y seis mil dólares. Muchos de los que cayeron en esa trampa utilizaron sus ahorros de toda su vida.
La falsedad quedó al descubierto cuando los supuestos dueños intentaron tomar posesión de sus lotes, pero en los intentos se encontraron con los alegatos de la Alcaldía de San Rafael del Sur que también los reclamaba porque jamás los había vendido.
La fiscal auxiliar Murillo informó que en las investigaciones lograron confirmar que toda la papelería, como escrituras, certificados del Registro Catastral y títulos de propiedad que como supuesta dueña presentaba Claudia Lisseth Vásquez a los compradores de los terrenos, entre otra documentación, eran falsos.
Mientras, la denuncia de la PGR ante el Ministerio Público, por la venta de algunas fincas del Estado que habría realizado la misma notario uno, todavía está bajo investigación. Sin embargo la fiscal adelantó que en este caso Avilés Serrano actuó de la misma manera que en San Rafael del Sur.
