A la fecha, la reforma al Código Tributario tiene puntos coincidentes entre contribuyentes, gobierno y legisladores en temas relacionados a las multas, los silencios administrativos y los decomisos.
Sin embargo, puntos de coincidencia no significan un total acuerdo y aún quedan cosas por acordar.
El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas, y Presupuesto del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, dijo que los empresarios en general, contadores, y asociaciones de mercados concordaron desde un comienzo, que las multas deben reducirse en la ley.
El Código Tributario, tal como está, establece multas por día que alcanzan los 70 dólares, lo que ha desatado las protestas de los contribuyentes.
“El monto tiene que revisarse, el Ejecutivo debe presentar propuestas, y esperamos que esto ocurra el lunes a más tardar”, indicó.
Sin embargo, la propuesta de reforma ya está en manos de la comisión. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el Colegio de Contadores y el gobierno establecen en ella que las multas deberían implicar el 20 por ciento de la obligación tributarial.
“De manera que los techos, en la propuesta se bajan. Además se plantea que deben pagarse en córdobas, y que la multa únicamente se debe pagar una vez”, planteó el sub director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Melvin Estrada.
Sin embargo, Navarro sostuvo que en el proceso de consulta se confirmó que en esa propuesta no hay consenso. La Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) reconoció que a último momento algunos sectores plantearon algunos cambios.
silencios a debate
El experto en Derecho Público, Freddy Blandón, señaló que lo indicado es que las multas se paguen en córdobas, por lo tanto sostuvo que lo definido en la propuesta es correcto.
En relación a los silencios administrativos de reposición, revisión y apelación, Navarro expuso que los contribuyentes demandaron que todos fueran a favor de ellos.
“Es decir demandan que se mantengan favorables a los contribuyentes, por lo tanto en este punto estaríamos demandado propuestas al gobierno porque no es justo que por la incapacidad administrativa de la DGI los contribuyentes salgan perjudicados”, manifestó.
Pero Estrada mencionó que en la proposición que remitieron a los diputados indican que no debe haber ni silencio positivo ni silencio negativo.
“Lo anterior significa que el funcionario tiene que dar respuesta a los ciudadanos, como lo manda la Constitución Política y para eso establecimos plazos en cada silencio de modo que si no lo hacen deberán hacerse cargo por los daños causados, y hasta podrían ser despedidos”, refirió.
En ese sentido detalló que en silencio de reposición la entidad de ingresos deberá dar repuesta en 30 días hábiles. En caso de que los expedientes sean extensos y se necesite más información, el tiempo de repuesta incluirá 15 días adicionales.
dictamen listo en agosto
En el silencio de revisión, entre tanto, la respuesta deberá darse en 45 días hábiles echando mano de 20 días adicionales por cualquier contratiempo. Mientras en apelación, la repuesta podrá emitirse dentro de 120 días hábiles, sumándole a esto 30 días adicionales por si surge la demanda de más información.
“Creo que con todo eso se evitarán complicaciones”, añadió Estrada. Blandón, experto en el tema, coincidió con el funcionario. Incluso recordó que con eso se evitará actos de corrupción.
LOS DECOMISOS
El decomiso de bienes es otro punto que está en el debate. Aunque tanto contribuyentes como diputados concuerdan que deberían eliminarse de la ley y Estrada dijo que eso podría discutirse.
El diputado Navarro confirmó que el dictamen favorable a la reforma lo pretenden tener listo durante el receso parlamentario, que iniciará el próximo 15 de agosto y concluirá el 16 de septiembre.
“Para que no se obstaculice el programa económico que tiene Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, argumentó el diputado liberal.
