La tragedia de América Latina no es tanto la pobreza generalizada, como la eterna búsqueda de soluciones mágicas que invariablemente fracasan porque ignoran que la escasez surge de la propia naturaleza humana que tiene necesidades infinitas, pero sólo dispone de medios limitados. La escasez únicamente puede mitigarse con mercados libres y abiertos, a través del ahorro y la inversión. La intervención estatal no hace sino empeorarla.

La ingenuidad de ignorar la escasez se observa en la pretensión de los gobiernos de controlar los precios interviniendo los mercados. Así, el presidente Kirchner de la Argentina coacciona a comercios, industrias y supermercados en contra del aumento de precios y pone trabas a la exportación de carne buscando reducir su precio en el mercado interno, repitiendo los mismos errores estatistas que hundieron a ese país desde Juan Domingo Perón (1945 ) en adelante.

Pero donde las soluciones mágicas son más notorias es en los bienes públicos como agua, luz, puentes, carreteras. Más de 100 millones de latinoamericanos, por ejemplo, no acceden al agua potable que distribuye el Estado, lo que mata a un millón de pobres al año. No obstante, los socialistas sostienen que para acabar con la escasez de agua es necesario “declarar al agua un derecho humano, no un bien comercial”, que el Gobierno debe distribuir gratuitamente.

Los estatistas sostienen que la provisión de bienes públicos debe quedar a cargo de empresas estatales financiadas con impuestos. Esta solución mágica crea la ilusión en la gente de que el bien es gratis. Grave error. Al financiarse con impuestos surgen los subsidios, clientelismo, corrupción, derroche, y los más pobres terminan pagando por algo que no disponen, como la universidad, en beneficio de los más pudientes.

La alternativa de la provisión mediante la concesión a una empresa privada que recupera su inversión con el cobro de peaje o tarifas no es viable en los países pobres —dicen— pues genera injusticias al dejar sin el servicio a los que no pueden pagarlo. Es todo lo contrario. Los más pobres que no tienen conexión al sistema estatal de agua corriente, por ejemplo, pagan mucho más caro por el agua distribuida en tambores, que los usuarios conectados a la red.

Las empresas privadas tienen precios más elevados que las estatales —es cierto— porque no tienen subsidios. Pero en los barrios más pobres, que carecían de agua con el sistema público, el precio baja sensiblemente al ser distribuida por los privados, y, lo que es más importante, terminan las enfermedades y muertes causadas por el agua contaminada. Por eso, el mejor sistema para que los pobres accedan a los bienes públicos, es dejar su provisión y distribución a la empresa privada en un mercado competitivo como se hace en los países desarrollados.

Pero, ¿qué ocurre si la gente no desea pagar a la empresa privada para que ésta construya un puente, una carretera o provea un servicio útil para la comunidad ? La pregunta es una falacia. Si la gente no está dispuesta a pagar por su uso, es porque el puente no es muy útil. Si el Gobierno construye la obra y la financia con impuestos que saca a la gente, lo que hace es dilapidar los escasos recursos que la gente necesita para otras cuestiones que considera de mayor prioridad.

La escasez es la eterna compañera de la humanidad. La economía existe porque hay escasez; el mercado existe porque hay escasez; los precios existen porque hay escasez. La escasez está en todas partes. No se puede vencerla, sólo mitigarla. Y no hay nada mejor para agravar la escasez que el gobierno intervenga la economía, establezca monopolios estatales o pretenda “distribuir equitativamente” lo poco que existe. Éstas han sido las soluciones preferidas del estatismo latinoamericano y las que más acrecentaron la escasez y la miseria.

En los últimos 200 años lo único que en el mundo ha logrado mitigar la escasez es el aumento de la producción, que multiplica la oferta de bienes y servicios y reduce los precios. Para aumentar la producción, crear empleos, mejorar los salarios e impulsar el crecimiento es preciso promover la inversión privada. Y para ello no se ha encontrado nada más eficaz que expandir la libertad económica y fortalecer el Estado de Derecho.