Desde Chicago hasta Washington, de Phoenix a Los Ángeles, esta primavera ha visto las calles de este país colmadas con marchas pro inmigrantes, por lo menos un centenar hasta ahora, varias con unos 100.000 participantes o más. Algunos califican estas masivas manifestaciones como un nuevo movimiento por los derechos civiles hispanos.
Las alusiones han estado ciertamente presentes, los manifestantes han cantado Venceremos la versión en español de We Shall Overcome, el himno del movimiento por los derechos civiles afroamericanos de los sesenta; oradores han hecho eco al clamoroso llamado de Martin Luther King por que “dejen resonar la libertad”; y pancartas han proclamado que “Nosotros también tenemos un sueño”.
Aunque impresionantes, estos eventos son apenas el albor de un movimiento, si es que ya se le puede llamar así.
El propio tamaño y la cantidad de marchas no reflejan una estrategia fría y calculada por parte de un liderazgo unificado, sino una indignación amplia y espontánea impulsada por medios de habla hispana que rápidamente pasaron la voz acerca de medidas migratorias draconianas que estaban avanzando en el Congreso.
Incluso los grupos defensores de los inmigrantes, activistas comunitarios, académicos, sindicatos e iglesias que habían incitado a individuos y medios quedaron sorprendidos con la cantidad de participantes, particularmente estudiantes que abandonaron las aulas para entrar a su primera lección práctica de activismo cívico.
Algunos líderes y organizaciones ahora quieren seguir adelante y usar el ímpetu de las últimas semanas para fomentar una huelga nacional el primero de mayo y demostrar así el impacto económico de los inmigrantes. Durante el “Día sin un inmigrante”, los participantes dejarán de trabajar, evitarán comprar productos estadounidenses y se unirán a nuevas marchas.
PRIMERO DE MAYO
No a todas las organizaciones de inmigrantes y activistas les convence la idea. Algunos, particularmente en la Costa Este, temen que sea prematuro y que estropee lo que han sido hasta ahora manifestaciones positivas y pacíficas.
Pero incluso si el primero de mayo fuera tremendamente exitoso y ciertos sectores de la economía terminaran paralizados por un día, las exigencias de los inmigrantes —sus metas y aspiraciones— no quedarán necesariamente más claras de lo que están hoy. Hasta ahora el flamante movimiento ha estado definido por las medidas punitivas a las que se opone.
Precisar la causa que defienden es más difícil. Nativo V. López, presidente nacional de la Mexican American Political Association y uno de los voceros oficiales del boicot, lo admite y afirma que lo que los inmigrantes quieren va desde una amnistía hasta un permiso temporal de trabajo.
Inmigrantes legales encuestados recientemente por Bendixen and Associates estaban casi tan contentos con permitir que quienes viven acá ilegalmente se hagan ciudadanos como con enviarlos a sus países después de un tiempo.
López, quien asegura representar a medio millón de inmigrantes legales e ilegales, sólo aceptaría una legalización plena e inmediata.
divididos
Si los inmigrantes mismos están divididos, el país lo está todavía más, una situación que podría convertirse en otro obstáculo al “movimiento”.
Durante el movimiento por los derechos civiles afroamericanos surgió un consenso nacional en torno al hecho de que había algo fundamentalmente incorrecto con la violación de los derechos constitucionales básicos de algunos estadounidenses.
Para el año 1963 —año del discurso “Tengo un sueño” de Martin Luther King— la mayoría de estadounidenses se oponía a la segregación. En encuestas citadas en el libro America in Black and White: One Nation, Indivisible, de Stephan y Abigail Thernstrom, el porcentaje de estadounidenses blancos que entonces creía que “los negros debieran tener igual oportunidad que la gente blanca de conseguir cualquier tipo de empleo” era 83 por ciento, a diferencia de 42 en 1944. También un 79 por ciento rechazaba “secciones separadas para negros en buses y tranvías”, a diferencia de un 44 por ciento dos décadas antes.
En contraste, no existe un consenso pro inmigrante en este país hoy en día. Una encuesta emitida el mes pasado por la organización independiente Pew Research Center encontró que los estadounidenses están casi divididos por igual en cuanto a lo que debería hacerse con los inmigrantes ilegales: una tercera parte quiere que puedan quedarse permanentemente, otra tercera optaría por crear un programa de trabajadores temporales y la otra tercera parte los deportaría.
Determinar cuáles derechos pueden hacer valer los inmigrantes ilegales en Estados Unidos todavía está plagado de complicaciones, dejando pocas bases claras para un consenso tanto entre los inmigrantes como entre los ciudadanos estadounidenses.
Como los recientes debates del Congreso lo demuestran, no hay una respuesta fácil. “Las fuentes de agua separadas no era un asunto moralmente complejo”, dijo Abigail Threnstrom, quien es ahora vicepresidenta de la Comisión de los Derechos Civiles de los Estados Unidos.
