La diputada liberal María Auxiliadora Alemán y el diputado de Camino Cristiano, Oscar Carrión Orozco, presentaron una propuesta de ley que establece que a ningún funcionario o ex funcionario del Estado se le podrán abrir procesos penales, civiles o administrativos, mientras no haya un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).
El proyecto de ley que consta de cinco artículos, se denomina “Ley de Obligatoriedad del Dictamen de la Contraloría General de la República para el Inicio de Procesos Administrativos, Civiles y Penales Contra Funcionarios y Empleados Públicos”.
El anteproyecto de ley indica en su artículo número 2 que “serán improcedentes y se declararán de nulidad por ministerio de la presente ley, los procesos administrativos, civiles o penales iniciados contra funcionarios, ex funcionarios o empleados públicos, sin el correspondiente dictamen de la Contraloría General de la República, a menos que durante el proceso judicial y previo a la vigencia de la presente ley, la Contraloría General de la República haya determinado algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa contra los funcionarios o ex funcionarios procesados”.
El ex contralor y diputado de la bancada sandinista, Agustín Jarquín Anaya, comentó a LA PRENSA que una ley de esta naturaleza tendría efectos negativos en la lucha contra la corrupción, porque quien determina si una acción de un funcionario es o no delito es la autoridad judicial y no la CGR.
“La Contraloría tiene capacidad limitada para establecer si hubo o no delito, los procesos de auditoría son largos y creo que no debe ser un requisito indispensable que haya un dictamen de la Contraloría para abrir procesos civiles, penales o administrativos”, indicó Jarquín, quien dijo que cuando el tema sea discutido en la bancada sandinista, propondrá que no sea acogido por los legisladores sandinistas.
En su exposición de motivos, los diputados Alemán y Carrión explican que hay casos de funcionarios y empleados públicos de diferentes niveles, a quienes sin disponer del dictamen de la CGR se les ha abierto proceso judicial, violentando sus derechos.
Los legisladores sostienen que el proceso electoral próximo se vería empañado, en tanto que algunos precandidados a la Presidencia podrían ver guillotinadas sus aspiraciones, pues se les ha insinuado la posibilidad de ser sometidos a procesos en virtud de supuestas irregularidades durante su gestión, “hecho que de concretarse sin al menos el establecimiento de presunciones por parte de la Contraloría General de la República, empañaría la legitimidad y la transparencia del proceso electoral de nuestro país”.
